Defensoría del Pueblo reportó 121.000 desplazamientos forzados durante el 2023

Durante el año 2023, se reportó que al menos 121.000 personas fueron víctimas de desplazamientos o confinamientos forzados en el país, según advirtió el defensor del pueblo, Carlos Camargo, quien agregó que la causa principal de esta problemática fueron los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

“En lugar de mostrar una disminución, el fenómeno del desplazamiento forzado masivo persiste y se intensifica en Colombia, sin recibir la atención mediática que se observa en otros países”, indicó.

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Camargo también llamó la atención, ya que el año pasado 54.665 personas tuvieron que dejar sus hogares en 17 departamentos diferentes. Esto se evidenció en 154 incidentes, lo que representa un aumento del 6,9 % en comparación con los 144 eventos ocurridos en 2022.

De acuerdo con la entidad estatal que vela por los Derechos Humanos los choques entre las estructuras criminales, con el objetivo de dominar territorios, fueron responsables de más de la mitad de los casos de desplazamientos en el país.

Adicionalmente, el año pasado se documentaron 215 episodios de confinamiento en 10 departamentos que impactaron a 66.279 personas, reflejando un incremento del 63 % respecto a los 132 sucesos de 2022.

Las víctimas de estos delitos incluyen un 50 % de integrantes de comunidades indígenas, un 30 % eran afrodescendientes y el 20 % campesinos.

Camargo hizo un llamado urgente a implementar medidas de prevención para evitar más casos de desplazados y confinados en el país.

“Esto implica detener las actividades violentas de los entes armados ilegales en las zonas afectadas, que perjudican a las comunidades con prácticas como la ampliación de cultivos ilegales, luchas por el territorio, asesinatos, secuestros, extorsiones, trata de seres humanos, reclutamiento involuntario de menores, amenazas contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos, y asesinatos de firmantes del acuerdo de paz”, finalizó.

La expansión de grupos armados ilegales en Colombia ha aumentado en un 36%, afectando a 253 municipios durante el periodo 2023, en el contexto de la estrategia de “paz total” promovida por el presidente Gustavo Petro. Este crecimiento ha sido subrayado en un informe reciente del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, destacando la fortificación de dichas estructuras delictivas en el país.

La consolidación de estos actores armados ha sido particularmente notable en el caso del Clan del Golfo, el cual amplió significativamente su presencia de 392 municipios en 24 departamentos durante el último año. Dicha expansión se ha visto acompañada por un incremento en actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la explotación ilegal de minerales. Las disidencias de las FARC, específicamente el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, también han mostrado un crecimiento en su influencia, alcanzando a 299 poblaciones en 19 y 15 departamentos respectivamente. Por otro lado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a pesar de estar involucrado en diálogos de paz con el gobierno, ha incrementado su presencia en 231 municipios de 19 departamentos.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, apenas un 1% de los 205 informes de seguimiento han concluido que los riesgos fueron mitigados, mientras que el 65% de los escenarios han empeorado y en el 32% de ellos el riesgo persiste.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha hecho un llamado a las entidades gubernamentales para que actúen de manera proactiva y preventiva ante el aumento de vulneraciones a los derechos humanos por parte de estas organizaciones.

Asimismo, ha solicitado al ejecutivo nacional no solo reforzar la seguridad en los territorios afectados sino también garantizar la protección de los civiles en medio de cualquier negociación con los grupos armados, destacando que estos deben cumplir lo pactado para avanzar hacia la paz.

Este aumento en la presencia y fortalecimiento de grupos armados ilegales pone en jaque los esfuerzos de pacificación del gobierno y resalta la importancia de una estrategia integral que incluya compromiso y acción efectiva para proteger a la población civil y asegurar el respeto a los derechos humanos en el país.

(Con información de EFE)