Contraloría allanó sede de Prosperidad Social por caso de corrupción de Pierre García

La Contraloría General de la República (CGR) en la mañana del martes 30 de enero, inspeccionó las dependencias del Departamento de Prosperidad Social (DPS) ubicadas en Bogotá, en busca de evidencia y documentación sobre contrataciones posiblemente irregulares efectuadas por su exdirector Pierre García.

Esta operativa forma parte de las investigaciones que buscan esclarecer el alcance del escándalo de corrupción denominado Las Marionetas 2.0, implicando a figuras políticas de alto nivel. La inspección está a cargo de un equipo especializado de la Dirección de Análisis y Reacción Inmediata (Diari), guiado por el contralor encargado y acompañado por la delegada de inclusión social.

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“Hemos ordenado que un equipo de la Diari asumiendo las competencias de la Policía Judicial a través de la Unidad de Reacción Inmediata de la URI adelanten junto con la delegada de inclusión social una visita especial al Departamento de Prosperidad Social (DPS) con el objeto exclusivo de indagar y de verificar, el comportamiento de los contratos que han estado en cuestionamiento a raíz de las denuncias y cuestionamientos de los escándalos de contratación y malversación de fondos en este instituto”, manifestó el vicecontralor en funciones de contralor General, Carlos Mario Zuluaga.

El foco de la indagación radica en los contratos firmados durante la gestión de García, sospechoso de participar en un sofisticado esquema de corrupción. Dicho escándalo envuelve a varios congresistas y excongresistas, evidenciando un entramado que compromete la integridad del DPS.

“Con el fin de que podamos obtener la información, los contratos, los informes y toda la información contractual y precontractual que le permita a la Contraloría identificar si en estos hechos que están siendo investigados también por la Fiscalía General de la Nación se asume o no una responsabilidad fiscal de estos recursos”, agregó el funcionario.

La implicación de García es de especial interés pues actualmente se encuentra en Francia, sujeto a una circular roja de Interpol, esperando para responder por sus acciones. Este suceso pone de relieve el compromiso de la Contraloría para asegurar una gestión pública transparente y el uso adecuado de los recursos del estado.

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, extendió solicitudes a diversas entidades gubernamentales, incluyendo los Ministerios de Minas y de Transporte, así como a la Fiscalía, para examinar si funcionarios actualmente en el Gobierno de Gustavo Petro podrían estar vinculados con las actividades corruptas que tuvieron origen en la administración del expresidente Iván Duque. Este proceso busca identificar y limpiar cualquier vestigio de corrupción dentro del funcionariado público, reafirmando el compromiso hacia la integridad y la rectitud en la gestión de los recursos y los asuntos del estado.

En Colombia, la corrupción política ha cobrado otro capítulo con la condena del exsenador Mario Castaño y la reciente captura del senador Ciro Ramírez, ambos implicados en un vasto escándalo relacionado con la manipulación de contratos públicos. La trama, titulada “Las Marionetas 2″, involucra también a Pierre García, exdirector de Prosperidad Social durante el gobierno de Iván Duque, quien está bajo investigación por presuntamente facilitar el desvío de contratos a cambio de sobornos. Castaño, condenado por su participación en el esquema corrupto, falleció en noviembre de 2023 en el centro penitenciario La Picota.

En diciembre, la Corte Suprema de Colombia ordenó la detención de Ramírez por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Se le acusa de redirigir contrataciones estatales en varias regiones del país a cambio de comisiones ilícitas. El caso resalta la profunda red de corrupción que implica a funcionarios de alto rango y su impacto en la gestión de fondos públicos y la ejecución de políticas sociales.

La investigación señala a García como pieza clave en la orquestación del esquema corrupto. Durante su gestión en Prosperidad Social, entidad encargada de ejecutar programas de apoyo a las poblaciones vulnerables, García habría facilitado la manipulación de licitaciones a favor de Proyecta Quindío, una de las empresas involucradas. La Fiscalía de Colombia solicita su encarcelamiento mientras avanza el proceso, acusándolo de recibir sobornos y funcionar como intermediario principal en la trama de desvío de contratos.

El escándalo de “Las Marionetas 2″ no solo arroja luz sobre la persistencia de la corrupción en los niveles más altos del gobierno colombiano, sino que también cuestiona la eficacia de los mecanismos de vigilancia y control sobre la contratación pública. El caso continúa desarrollándose, y con él, las esperanzas de una mayor transparencia y justicia en el ámbito político y social del país.