El Senado se prepara para realizar los últimos dos debates de la reforma a la salud y definir si se aprueba o archiva el modelo de aseguramiento propuesto por el presidente Gustavo Petro. Varios congresistas se han anticipado a la discusión, como el senador David Luna, quien alertó sobre la falta de garantías para pacientes de las llamadas enfermedades de alto costo.
El congresista de Cambio Radical conversó, en un programa de entrevistas para analizar el proyecto de ley, con Néstor Álvarez, presidente desde el año 2005 de la Asociación de Pacientes de Alto Costo. Esta organización defiende los derechos de aquellas personas que sufren patologías que por el elevado precio de sus tratamientos tienen unos lineamientos especiales de atención.
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Entre estas condiciones crónicas se encuentran el cáncer, pacientes de diálisis, personas que viven con VIH, enfermedades huérfanas, entre otras. En el actual régimen no se cobra cuota moderadora para su atención ni otros costos asociados debido al modelo de aseguramiento.
Álvarez señaló que el proyecto de reforma a la salud no plantea mecanismos para garantizar la continuidad de la atención ininterrumpida de los pacientes. “Este es un proyecto que está pensado más políticamente, en términos generales el diagnóstico es acertado y el punto de llegada podría ser válido, pero la forma de llegar no da ni los tiempos ni la forma de implementarlo”, sostuvo.
Uno de los principales problemas que identifica el presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo es que la reforma se basa en un sistema de información que no existe. En el proyecto de ley, además, no se definen los tiempos en los que va a empezar a funcionar ni los recursos, por lo que no habría una base de identificación de los pacientes.
“Está basado en un modelo de atención primaria predictivo sin sistema de información en determinantes sociales donde no integra todos los problemas sociales que afectan la salud, entonces es plantear algo sobre lo que no existe”, señaló Álvarez.
De acuerdo con el experto, la reforma desmonta el aseguramiento basado en la unidad de pago por capitación (UPC) asignada por cada colombiano de acuerdo a la patología que presente, edad y a sitio de residencia. “Determina de la nada que va a cumplir con la atención primaria con una plata y la crónica con otra, pero nunca determina cuál es el monto cada año que va a asignar. No sabemos si la plata alcanza o no”, señaló Álvarez.
Uno de los factores más críticos del actual proyecto de ley es que no tiene el concepto del Ministerio de Hacienda que determine su costo. El último informe presentado durante el debate en la Cámara de Representantes señala que en 10 años podría costar hasta 140 billones de pesos.
La diferencia entre las cuentas para atención primaria y crónica sin un sustento técnico preocupa a las organizaciones de pacientes de patologías de alto costo. Señalan que sería el Ministerio de Salud el que defina los montos asignados, que tendría que hacerlo en los dos años de transición, además de definir las responsabilidades para la atención.
“La verdad es un salpicón de responsabilidades donde claramente si ahorita tenemos problemas, si se llega a implementar esta forma de derecho a la salud con este proyecto de ley, vamos a tener muchos más problemas y van a haber muertes. Se va a incrementar la mortalidad por falta del goce efectivo del derecho a la salud”, sostuvo Álvarez.
El presidente de la Asociación señala que en el sistema planteado en la reforma el paciente tendrá que dividirse entre el CAP, para la atención primaria, la atención crónica por otro lado, más un ente territorial, por lo que rompe la integralidad del tratamiento y la responsabilidad de quien debe llevar el proceso de atención.