Reforma a la salud necesita cuatro cambios urgentes: José Antonio Ocampo reveló cuáles son

El proyecto de reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro es una de las iniciativas más polémicas del actual mandatario. El mismo, entre otras cosas, plantea que las EPS dejen de administrar recursos que les gira el Estado y que los pacientes sean atendidos en centro de atención primaria (CAP).

Este ya surtió dos debates en la Cámara de Representantes y el 16 de febrero empezará a ser debatido en el Senado de la República. El mismo, de ser aprobado, tendría un costo de $92,2 billones en 2024, lo que tiene el rechazo de expertos en el asunto. Incluso, en más de una oportunidad, exministro de Salud aseguraron que este proyecto de ley no es viable y pidieron su hundimiento.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

A este mismo proyecto de ley se refirió el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien hizo parte del Gobierno Petro en el primer año.

En una reciente columna de opinión publicada en El Tiempo abordó de manera meticulosa las crisis que enfrenta el sistema de salud en el país, destacando la necesidad de una “amplia y fructífera concertación” como solución principal.

Según Ocampo, el actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, no ha logrado un acuerdo suficiente con los agentes del sector sobre los elementos esenciales del sistema que necesitan preservación o reforma, lo que precipitó la crisis actual. Asimismo, subrayó que “la falta de una amplia concertación...ha agregado la desafortunada decisión de tomar control de la Nueva EPS”, una medida particularmente polémica en el sector.

El debate sobre la reforma a la salud en Colombia y su implementación se centra en la necesidad de cambios fundamentales en la legislación actual. Ocampo critica la gestión del riesgo financiero en el proyecto de ley actual, afirmando que “la falta de un responsable claro por la facturación...podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.”

A su vez, expresó preocupaciones sobre el papel de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que según propuestas debe convertirse en la pagadora única del sistema, lo cual exige una transformación meticulosa y gradual.

La columna también recalca problemas como la atención primaria insuficiente en áreas rurales y algunos barrios populares, la necesidad de fortalecer los hospitales públicos, y la importancia de formalizar y estabilizar el empleo en el sector. Estos desafíos “con un buen desarrollo del sistema actual, podrían enfrentarse”, sugiere Ocampo, siempre y cuando exista una legislación adecuada.

Uno de los aspectos más criticados es la intervención en la Nueva EPS, acción que, según Ocampo, ejemplifica las falencias en el manejo del sistema de salud por parte del gobierno actual. Él reflexiona sobre los logros del sistema introducido por la Ley 100 de 1993 (el sistema de seguridad social integral), que aseguró cobertura universal y derechos iguales en salud para toda la población, reconociendo al mismo tiempo sus defectos, incluido el manejo de los hospitales públicos y la supervisión ineficiente que permitió la corrupción.

Por eso, hizo recomendaciones específicas para la reforma de la ley en curso, incluyendo la definición clara de las funciones de las Gestoras de Salud y Vida, la articulación entre los centros de atención primaria y las redes de servicios, y la revisión de la capacidad de Adres para gestionar los recursos del sistema.

Así las cosas, en su columna, exactamente, aseguró que se requieren al menos cuatro cambios de fondo. Son los siguientes:

• Primero: es la clara determinación de las funciones de las Gestoras de Salud y Vida, el nuevo nombre para las actuales EPS, tanto en el sistema definitivo como en la transición. Las funciones otorgadas en el proyecto de ley son compartidas y difusas, fragmentando las responsabilidades y sembrando dudas sobre la atención del paciente.
• Segundo es una clara articulación entre los centros de atención primaria y las redes de servicio, una función que hoy en día llevan a cabo las EPS y debe continuar a cargo de las Gestoras.
• Tercero: la administración del riesgo financiero, un elemento ausente en la reforma propuesta. La falta de un responsable claro por la facturación, que debería seguir estando a cargo de las Gestoras, podría generar un desborde del gasto en salud y comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
• Cuarto: debe revisarse la capacidad y conveniencia de que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) sea la pagadora única y maneje la totalidad de los recursos del sistema, lo que implica una reforma profunda y necesariamente gradual de dicha entidad. Asimismo, deben revisarse disposiciones específicas, incluyendo aquella que ordena el giro de un porcentaje alto del valor facturado a los prestadores y que el restante se pague una vez se realice la auditoría.