Millonario contrato del Icbf para la niñez en Nariño terminó en los bolsillos de particulares

Recientemente, se conoció todo un entramado de irregularidades que tendría en el ojo del huracán al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), después de que se comprobara que los recursos destinados para la protección de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el departamento de Nariño, terminaran en los bolsillos de particulares.

Así lo dio conocer una investigación realizada por Cambio, en el que quedó al descubierto las irregularidades cometidas por la Unión Temporal Mi Familia UT, compuesta por IPS Afrosalud Colombia y la Corporación Colombia en Paz y Social, Corposocial, después de que se le asignara un importante contrato para atender el programa ‘Mi Familia’ del Icbf.

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Según reveló el medio citado, se ha descubierto un posible fraude masivo que involucra la falsificación de registros de atención a familias beneficiarias del programa en el departamento de Nariño, cuyo objetivo era el de prevenir el maltrato infantil mediante visitas y seguimiento regular a los hogares.

Dicho contrato, firmado en agosto de 2021 por un monto de 8.399 millones de pesos colombianos, pretendía beneficiar a 3.930 familias en 16 municipios de ese departamento durante un periodo de 12 meses. No obstante, un chequeo aleatorio de 812 llamadas reveló que más del 50% de los contactos eran inexistentes o incorrectos, y solo 441 fueron respondidos, de los cuales 62 afirmaron desconocer el programa.

Pero no solamente habrían alterado los documentos de las supuestas familias atendidas, que incluían registros de seguimiento y visitas a los niños, sino que también habría adulterado extractos bancarios para legalizar los dineros entregados por el Icbf para la atención de las familias, por lo que la Fiscalía ya se encuentra adelantando una investigación.

Tras el descubrimiento, toda la atención se volcó sobre uno de los principales responsables de la Unión Temporal y que fue la responsable de celebrar la firma del contrato como representante legal. Se trata de Geraldine Estefania Vergara Tenorio, hija del cuestionado contratista Haiden Otoniel Vergara Quiñones, un político local con antecedentes de acusaciones por corrupción, incluso relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Neiva.

Y es que detrás de este hombre, que es públicamente conocido como la cabeza de tres fundaciones que se quedaron con los contratos de alimentación en Neiva, habría una relación muy estrecha con altos funcionarios del Icbf que lo favorecieron para apoderarse de los millonarios recursos entregados por la entidad para velar por el cuidado de la infancia en Nariño.

Este hombre logró que su hija llegara a firmar el contrato, a pesar de que en junio de 2019 el Banco Nacional de Oferentes para la prestación del servicio público de Bienestar Familiar resolvió excluir a la IPS Afrosalud como candidato por no contar con los soportes financieros necesarios para recibir dineros de las Instituciones del Estado.

A pesar de las restricciones que tenía una de las compañías, el Icbf decidió entablar la alianza con Mi Familia UT mediante la contratación directa, omitiendo las advertencias del grupo evaluador. Dicha decisión, según Cambio, podría estar relacionada con el vínculo de afinidad que tendría Haiden Vergara con Martha Isabel Tovar, asesora de alta jerarquía en la institución, que quedó al descubierto después de que se conocieran unos audios en los que juntos se hablan de forma cercana.

“Ya las borro, mi amor”, son palabras que reflejan una sospechosa familiaridad y posiblemente, una influencia indebida en procesos contractuales.

Y es que dicho contrato plantea muchas dudas, pues contra Vergara también existe un proceso activo en la Fiscalía General de la Nación, después de que se pudiera recopilar información que comprobaría que este hombre entregó dineros para la campaña de Gorky Muñoz a la alcaldía de Neiva que no fueron reportados debidamente.

A cambio, Vergara habría pedido que se le adjudicaran varios contratos públicos, incluido el anteriormente mencionado Programa de Alimentación Escolar, a cargo de tres de sus fundaciones: Asoformando, Colombia Florece y Corsocial, esta última también ligada a Mi Familia UT.

De hecho, no es la primera vez que el reconocido político se enfrenta a la Fiscalía, pues en junio de 2021, justo dos meses antes de adquirir el contrato con el Icbf, Vergara fue capturado por el CTI y acusado de peculado en el marco del PAE en Nariño pero, al parecer, eso no fue impedimento para que sus compañías continuaran recibiendo fondos públicos.

En cuanto a los dineros que no fueron utilizados para el programa del Icbf, las autoridades manejan la hipótesis de que Vergara pudo apropiarse de los recursos del Estado para inyectarlos en las pasadas elecciones regionales, en las que se le vio activo apoyando al candidato Jorge Luis Correa para la Alcaldía de Tumaco, a pesar de que no ganó en las urnas.

Según informó Cambio, después de que se destaparan las irregularidades con la Unión Temporal, el Icbf confirmó que inició con las sanciones contra el consorcio, imponiendo una multa de 1.412 millones de pesos, dinero que fue pagado por la aseguradora que respaldaba a Mi Familia UT, mientras que Martha Tovar fue vinculada a una investigación para corroborar la presunta relación con Vergara.

Además, la directora regional del Icbf en Nariño, María Mercedes Arellano, fue declarada insubsistente, apenas días después de confirmar sanciones contra las empresas de Vergara. Pero según reveló el medio citado, los avances en el caso se han dado en medio de intimidaciones hacia los funcionarios que intervinieron en el proceso de supervisión, algunos de los cuales se vieron forzados a abandonar Tumaco tras recibir amenazas contra su vida.

Asimismo, frente a las acusaciones el Icbf ha asegurado que la sanción a Mi Familia UT forma parte de una serie de medidas adoptadas contra varios operadores por incumplimientos contractuales el año pasado. La institución también mencionó que se está revisando su estructura de contratación y operación para prevenir casos similares en el futuro y garantizar el bienestar de los niños y niñas en Colombia.