Álvaro Leyva y el lío por la pensión que recibe desde hace 27 años: reviven polémica en redes sociales

Álvaro Leyva Durán, el político de 82 años que recientemente fue suspendido por tres meses de su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, como parte de las investigaciones por la licitación de pasaportes, ha sido beneficiario de una pensión pública por más de 27 años, de 25 salarios mínimos mensuales vigentes, sobre la cual habría serios cuestionamientos legales. Esto debido a que habría sido obtenida bajo una serie de irregularidades que fueron llevadas a los estrados judiciales.

En redes sociales, la controversia con respecto a la forma en el que Leyva habría obtenido este derecho se hizo viral, debido a que hay sospechas de que la obtuvo de manera fraudulenta, mediante la utilización de dos libros y valiéndose de una ley antigua que regía al Estado. Actualmente, el caso se encuentra en apelación ante el Consejo de Estado, tras perder en primera instancia en el Tribunal de Cundinamarca en contra de Leyva.

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Según recapituló el periodista Melquisedec Torres, la polémica gira en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1886, que originalmente buscaba mejorar las condiciones de los maestros en el siglo XIX y permitía que ciertos trabajos publicados fueran considerados como equivalentes a años de servicio prestados a la educación. Por ende, una forma de legalizar cotización al sistema de seguridad social para buscar su pensión.

En el caso de Leyva, sus libros Paz, paz y La guerra vende más: operación Mariana, no cumplirían —según los señalamientos— con el criterio de ser material didáctico o pedagógico, esencial para esta disposición. Sin embargo, Leyva habría logrado una certificación de un colegio en Bogotá que los identificó como “libros de consulta”, y con ello pudo aplicar a su pensión, que sería por varios millones de pesos.

“Leyva se pensionó con ocho años de servicio como congresista (1982-1990) y sumó cuatro años de cotización con dos libros suyos que, según el Fondo de Previsión del Congreso que lo demandó y el Tribunal que falló, no eran válidos para ese beneficio, pues no son ‘didácticos’ ni ‘pedagógicos’”, recordó el periodista Torres, en su más reciente columna de opinión, lo que dio pie para toda clase de rifirrafes.

En consecuencia, el Fondo de Previsión del Congreso, que radicó la demanda, y el tribunal que falló en su contra, argumentan que los textos no deberían ser válidos para este derecho. Esta disputa revelaría, además, una reflexión más amplia sobre el sistema pensional público en Colombia, que está en la mira por favorecer a una élite política y judicial, mediante prácticas que resultan cuestionables para el resto de los ciudadanos.

Pero según el comunicador, lo ocurrido con Leyva Durán no sería un caso aislado, sino un ejemplo de cómo ciertos individuos de las altas esferas del Estado han podido beneficiarse de legislaciones y sentencias para asegurar beneficios económicos significativos a costa del erario. En especial, gracias a un decreto 1974 del gobierno de Misael Pastrana Borrero, en el que hubo personajes que acreditaron libros a cambio de años de cotización.

En agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón al Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecón), en el sentido de que era necesario un reajuste a la pensión del hoy funcionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según la ponencia del magistrado de la sección Quinta, Israel Soler, Leyva no tenía derecho a beneficiarse de una pensión a través del régimen especial de congresistas.

Fue la Resolución No. 0064, del 18 de febrero de 1997, la que reconoció la pensión de jubilación a Leyva, como congresista, pese a que no cumpliría con los requisitos legales para ello, pues se exigía 20 años de servicios para ser jubilado. Por tal motivo, como sus dos libros no tenían las condiciones para ser homologados como periodo de servicio, el propio Fonprecón procedió a demandar la pensión del hoy canciller.

Este suceso dejaría en evidencia, según el periodista Torres, la capacidad de ciertas figuras políticas y judiciales de interpretar y aplicar leyes antiguas de manera que se favorezcan. A su vez, el caso Leyva Durán también mostraría las complejidades y desafíos del sistema pensional colombiano y reafirmaría la necesidad de una reforma para garantizar, de esta manera, una distribución más equitativa de los recursos del Estado.