Caso centros poblados: Emilio Tapia pidió tiempo para devolver dinero robado

La audiencia de acusación formal contra Emilio Tapia, señalado como uno de los principales implicados en el caso Centro Poblados, fue pospuesta.

El motivo detrás de esta decisión fue la solicitud presentada por el polémico empresario para retrasar el proceso con el fin de devolver $6.200 millones que presuntamente fueron malversados, una vez que se resuelva el desbloqueo de sus cuentas y empresas. El Juzgado 47 de Conocimiento de Bogotá reprogramó la audiencia para el próximo 4 de abril, luego de haber accedido a la petición del acusado.

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La solicitud de Tapia surgió después de que la Contraloría General de la República concluyera que no es responsable a nivel fiscal en el escándalo mencionado, lo que derivó en una orden para levantar el embargo sobre sus bienes y los de sus empresas. Así mismo, se conoció que este trámite administrativo ya se encuentra en proceso.

“Como es de público conocimiento recientemente la Contraloría General de la Nación quien luego de una larga y exhaustiva investigación determinó que el suscrito “EMILIO JOSE TAPIA ALDANA, no es responsable fiscalmente” por el presunto detrimento patrimonial sufrido por el caso CENTROS POBLADOS”, se observa en la comunicación enviada al juzgado 47 penal de Conocimiento de Bogotá.

Y añadió diciendo que: “Es decir de acuerdo con el ente de control con mi actuar no se causó ningún detrimento patrimonial”.

Tapia había propuesto inicialmente devolver un bien inmueble como parte de la reparación, pero finalmente se acordó que el pago debía ser en efectivo. En un documento enviado al juzgado, Tapia expresó su intención y esfuerzo por cumplir con lo acordado, a pesar de las dificultades para acceder de inmediato a los recursos necesarios.

“Es por los motivos antes expuestos que, a pesar de tener la voluntad y la ferviente intensión de cumplir con lo acordado en el proceso de la referencia, se me ha dificultado el cumplimiento del mismo por no disponer de la disponibilidad inmediata de esos recursos, no obstante, debido a gestiones distintas ya estoy próximo a darle cumplimiento al mismo, muy a pesar de las circunstancias en las que me encuentro actualmente”, dice el documento.

La devolución de los $6.200 millones por parte de Emilio Tapia está orientada a buscar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en un intento por mitigar las consecuencias legales de su implicación en el caso Centro Poblados. Este escándalo ha resonado en la opinión pública por la gravedad de las acusaciones y la suma de dinero involucrada.

En el mes de octubre la Contraloría General de la República asignó responsabilidades fiscales por valor de $67.970 millones a varias entidades y exfuncionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en relación con irregularidades en un contrato destinado a la instalación de internet en escuelas rurales.

La imputación iba dirigida hacia miembros de la unión temporal Centros Poblados, su representante legal, integrantes de un consorcio interventor, y tres antiguos empleados del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por su gestión en el contrato de aporte 1043 de 2020.

El problema se centra en la ineficaz administración del proyecto Centros Digitales, que buscaba establecer 7.277 centros en 16 departamentos del país. Las faltas incluyen el incumplimiento en la entrega de equipos necesarios para concluir la fase de instalación, lo que llevó a la cancelación anticipada del contrato.

La Contraloría destacó que este incumplimiento estuvo acompañado de la presentación de una garantía bancaria falsa, un factor crucial sin el cual no se habría iniciado el contrato ni efectuado el anticipo financiero. Además, apuntó a la negligencia por parte de la empresa proveedora de los equipos, que falló en suministrar los componentes requeridos, contribuyendo así al detrimento fiscal.

Entre los sancionados por responsabilidad fiscal figuran los miembros de Centros Poblados: Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros; Omega Buildings; e Intec de la Costa. Así mismo, se indica a los miembros del consorcio interventor como responsables por autorizar pagos sin la adecuada verificación de documentos, un paso necesario para asegurar el cumplimiento del contrato y el correcto uso de los fondos.

Además, se critica al interventor por no solicitar una reunión extraordinaria que hubiese podido prevenir el desembolso inadecuado de recursos ante el evidente incumplimiento del calendario de ejecución del contrato.

Los exfuncionarios del Ministerio TIC implicados en esta asignación de responsabilidad fiscal incluyen a Sandra Orjuela Méndez, exsubdirectora de Gestión Contractual; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, exdirector de Infraestructura; y Adriana Vanessa Meza Consuegra, exsecretaria General y exdelegataria de la contratación, a quienes se les reprocha la omisión de sus deberes conforme a las responsabilidades asignadas en el manual de funciones de la entidad.