En un fuerte pronunciamiento, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) se pronunció el jueves 25 de enero de 2024 sobre el allanamiento efectuado en sus instalaciones ordenado por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes y el requerimiento hecho a su extesorero Nelson Alarcón, por la donación de $500 millones hecha a la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro, en los comicios de 2022.
En una misiva de dos páginas, el sindicato de educadores, uno de los más grandes del país, calificó el procedimiento del alto tribunal como una “conducta intimidatoria”, pese a que la entrega de recursos se hizo conforme a la ley. Y, del mismo modo, se refirió a lo que sería una “estrategia coordinada para desestabilizar al Gobierno”, y difundir una campaña de odio en contra de los maestros de Colombia por su apoyo a un proyecto político de índole progresista.
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“Llamamos a rodear a Fecode, como la organización que, ad portas de cumplir 65 años de existencia, se ha posesionado (sic) como el baluarte de la paz, la justicia, la movilización, la democracia y la lucha del pueblo colombiano”, destacó la organización en su comunicado, en el que dio su versión, paso a paso, de la visita de los representantes del alto tribunal, que lleva en su despacho una investigación por presunta financiación irregular en la aspiración.
Así fue la visita de los delegados de la Corte Suprema
En la comunicación, Fecode indicó que el lunes 22 de enero, tres personas que se identificaron como servidores de Policía Judicial, con el propósito de dar cumplimiento con lo ordenado por la fiscalía sexta delegada ante la Corte, acudieron a las instalaciones de la federación: ubicada en la calle 34 con carrera 13 de Bogotá. Allí se llevaron todos los soportes documentales de la donación de dinero efectuada, que no habría sido reportada en la contabilidad.
“Nuestra organización puso a disposición de los funcionarios la documentación que acredita que la contribución que efectuó Fecode al Movimiento Político Colombia Humana, en el mes de mayo de 2022, cumplió con todos los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley”, enfatizó el sindicato, que según explicó, entregó la donación conforme a los artículos 14 de la Ley 130 de 1994 y 16 de la Ley 1475 de 2011, que reglamentan la financiación de las campañas políticas.
En su defensa, Fecode indicó que cumplió con el artículo 16 de la Ley 130, en el sentido de que la entrega del aporte fue avalada por la mitad más uno de los miembros del comité ejecutivo, como constaría en el acta de reunión del mismo. Asimismo, como el monto de la donación superaba los 50 salarios mínimos legales, la misma se protocolizó mediante escritura pública, así como lo exige el Decreto 1712 de 1989, según la organización al partido y no a la campaña.
Fecode alegó persecución por haber apoyado a Gustavo Petro
Por su parte, en la segunda mitad del referido comunicado, la federación de educadores rechazó nuevamente la diligencia efectuada en su sede, que no dudó en calificar como “allanamiento”, así como lo que sería a juicio de la organización sindical la “conducta intimidatoria” contra la decisión de hacer el aporte económico al partido Colombia Humana, aunque en la práctica fue para la campaña Petro Presidente.
“La conducta intimidatoria contra una decisión institucional de nuestra organización sindical que cumplió con todos los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Electoral. Esta orden fue impartida por el señor fiscal sexto ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán”, expresó el sindicato.
Al respecto, Fecode recordó que representa al magisterio en todo el país y remarcaron que está abierta a responder frente a las investigaciones que adelanten sobre este tema. Eso sí: negó que hubiera incurrido en conductas de tipo ilícito o que no correspondan a lo determinado por las autoridades electorales, al punto que señaló que existe un entramado para atacar al presidente, “quien se ha comprometido con los mandatos del Estado Social de Derecho que nos rigen”.
“Denunciamos que continúa la acción sistemática para estigmatizar, señalar, levantar falsas imputaciones, difundir una campaña de odio infundada; direccionada desde clase política tradicional, varios medios de comunicación y redes sociales, tendientes a cumplir la orden neoliberal de ‘quebrarle el espinazo a Fecode’”, remató la federación en su misiva, en la que manifestó su oposición a que el proceso sea utilizado para fines políticos.