Durante una entrevista en la emisora colombiana la W Radio, Dora Patricia Bernal, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, hizo un llamado a la Corte Constitucional y al Congreso de la República para que tomen medidas cautelares y eviten un daño irreparable en el sistema de salud colombiano, similar al que ya se está experimentando con el vencimiento de vacunas contra el COVID-19.
“Desde el punto de vista de la salud pública, la pérdida de una sola vacuna representa una oportunidad perdida de prevenir enfermedades. De ser cierto que se vencieron más de un millón de vacunas, estaríamos ante una grave pérdida para la salud colectiva de todos los residentes en Colombia. Un millón de personas, en este caso niños y niñas, quedarían expuestos al COVID-19 habiendo tenido los biológicos específicos para evitarlo”, explicó Bernal a ese medio de comunicación.
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La presidenta de la Asociación resaltó que, además del riesgo individual, existe una afectación colectiva, y subrayó que las vacunas fueron adquiridas con recursos públicos, con una inversión que supera los 70 mil millones de pesos.
En última instancia, Bernal advirtió que la responsabilidad recae tanto en el Ministerio de Salud como en las entidades territoriales, enfatizando la necesidad de tomar medidas para evitar futuras pérdidas y garantizar la efectividad de la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en el país.
Retrasos en reparto de las dosis contra el covid-19
Después de que el Ministerio de Salud entregara información sobre el vencimiento de más de un millón de vacunas pediátricas contra el covid-19 del laboratorio Moderna, volvieron las críticas al Gobierno nacional por la presunta mala gestión que estaría teniendo para distribuir las dosis en todo el territorio nacional.
Sin embargo, desde la cartera de Salud explicaron que dicho inconveniente fue responsabilidad de los entes territoriales y no suya, como dejó claro en un comunicado tras la infinidad de reclamos. “La distribución de 1.121.040 dosis a los entes territoriales y al distrito capital de Bogotá se inició desde el mes de julio de 2023, considerando la capacidad de almacenamiento de cada territorio, para garantizar su aplicación a la población infantil en cada departamento y distrito”.
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Sin embargo, después de la controversia, varias averiguaciones concluyeron que los presuntos retrasos en la distribución por parte del Ministerio de salud ya habían ocurrido anteriormente, específicamente con unos lotes de otros laboratorios que estarían cerca de su fecha de vencimiento.
Según informó El Espectador, lotes de vacunas de Sinovac y Pfizer estuvieron en posesión del Ministerio durante extensos periodos de tiempo, superiores a los seis meses en algunos casos, cuando su distribución debió ser más ágil, según las necesidades epidemiológicas.
“El proceso logístico es complejo y requiere mucha precisión, como un reloj”, apuntó Clemencia Mayorga, ex subsecretaria de salud pública de Bogotá durante los momentos más críticos de la pandemia en 2021. Este proceso implica una coordinación entre varios actores del sistema de salud, y fallos en la cadena pueden contribuir no solo a la pérdida de vacunas sino también a problemas de salud pública más profundos.
La crítica no se dirige exclusivamente al Ministerio de Salud. La responsabilidad es compartida a lo largo de la cadena de suministro de vacunas, que incluye los niveles departamental y municipal, y las instalaciones de salud, que al parecer, no han logrado tener una adecuada comunicación para conseguir que los colombianos asistan a los puestos de vacunación.
“Todo eso tiene que funcionar perfecto. Y para eso la comunicación es clave: tengo que saber como ente territorial cuando me van a entregar el biológico, cuantas dosis, y debo estructurar el plan de aplicación. El Ministerio debe cumplir con la entrega y yo con el plan. Lo que me parece evidente es que, además de las demoras, aquí hay un problema de coordinación muy grande. Si yo no estoy comunicando, y las entidades territoriales no están comunicando sus capacidades, esa coordinación no existe”, explicó Silvana Zapata Bedoya, experta en el sistema de salud colombiano, al medio citado.
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