Caso Odebrecht: esta es la billonada que ha pagado el Estado por la Ruta del Sol II

La Agencia Nacional de Infraestructura contrató a peritos para determinar los daños que le causó al Estado colombiano la urdimbre de corrupción tejida por la multinacional Odebrecht alrededor de la Ruta del Sol II.

Luego de seis años desde que se destapó el escándalo, el Estado ha tenido que pagar más de tres billones de pesos para terminar, anticipadamente, el contrato de la Ruta del Sol II. Esto según un informe pericial que conoció Cambio el 25 de enero de 2024.

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En el documento se advierte que el Estado tuvo que asumir el mantenimiento de la vía, a través del Instituto Nacional de Vías, por cinco años, luego de que, la Concesionaria Ruta del Sol abandonara las obras en 2017, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la terminación anticipada y unilateral del contrato con Odebrecht.

Como el contrato inicial se terminó antes de tiempo, el Invías, al quedar a cargo de la vía, firmó cinco contratos, desde 2017, para continuar las obras, que le habrían costado, según el perito contratado por la ANI, $632.000 millones, con valores de 2023, que incluyen, además de las licitaciones públicas, los contratos de interventorías y los de mantenimiento de la vía.

Además de esto, el perito también determinó que, además de estos contratos, la ANI tuvo que adelantar dos alianzas público-privadas (app) para concesionar el corredor vial. Por estos dos convenios, la Agencia Nacional de Infraestructura pagó $11.293 millones para los estudios y diseños de la Troncal Magdalena 1 y la Troncal Magdalena 2, que se firmaron en 2022. Cinco años después de que se destapó el escándalo y quedó paralizado el proyecto.

El perito también advirtió, al realizar las estimaciones del caso, que si el Concesionario Ruta del Sol hubiera terminado la obra, los gastos del Estado habrían sido del orden de los $11 billones. Sin embargo, al descubrirse el entramado de sobornos y coimas a distintos funcionarios del Estado y congresistas, la cifra llegó a los $13,7 billones, sumados los dos contratos antes mencionados y los desembolsos que se hicieron a Odebrecht por lo que alcanzaron a construir.

Es decir, hay una diferencia de $2,7 billones a los que hay que sumarles $45.000 millones, de los que $20.000 millones que pagó la ANi por las cuatro asesorías jurídicas que contrató para la terminación del primer contrato, mientras que los $25.000 millones restantes fueron los que el Estado colombiano le pagó a la concesionaria como resultado de un laudo arbitral.

Con este informe, de acuerdo con información de Cambio, la Agencia Nacional de Infraestructura insistirá en buscar que la Concesionaria Ruta del Sol, Episol, Odebrecht Latinvest Colombia, la Constructora Norberto Odebrecht, CSS Constructores y el exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales, reparen directamente al Estado colombiano por las irregularidades que permearon al contrato de la Ruta del Sol II y por los que la Nación ha pgado más de $3,3 billones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que adelantaba contra el exfiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá Álvaro Betancourt por el caso Odebrecht, pues se determinó que no hay prueba de que el exfiscal haya incurrido en el delito de prevaricato por omisión.

Betancourt era investigado tras haber recibido una denuncia en su contra, por supuestamente omitir compulsar las copias del caso a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que investigara al también exfiscal Néstor Humberto Martínez, tras unas declaraciones que rindió Otto Bula el 11 de agosto de 2017 en su contra.

La denuncia, interpuesta por Gonzalo Guillén, fue determinada por un fiscal especializado ante la Corte Suprema de Justicia, como carente de sustento probatorio.

“No solo con una denuncia es que la Fiscalía formula imputación, la Fiscalía NO realiza juicios valorativos de responsabilidad penal sin sustento probatorio serio y consistente”, se lee en la resolución del archivo de la investigación.

Además, la Fiscalía estableció que no existe ningún señalamiento que incrimine a Néstor Humberto Martínez por parte de Otto Bula. Por el contrario, este último declaró que si el exfiscal “estuviera metido en el caso, lo hubiese dicho”.

Así las cosas, no puede atribuírsele una conducta omisiva al exfiscal Álvaro Betancourt.

“(...) en consecuencia no existió el incumplimiento del deber legal que se insinúa del Fiscal Delegado al momento de recepcionar la entrevista del señor Otto Nicolas Bula Bula, ya que no hubo señalamientos delictivos de este para con el entonces Fiscal General, en ese orden no puede predicarse siquiera en lo mínimo que se presentó un acto omisivo del indiciado fiscal Betancourt”.

Finalmente, la Fiscalía mencionó que si el denunciante no está de acuerdo con esta decisión, podrá solicitar al despacho que se desarchive la investigación.