La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a José Juan Rodríguez, exconcejal de Bogotá, el cual presuntamente tiene vínculos con el llamado carrusel de contratación, con el que varias obras públicas fueron direccionadas en la capital.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción lo señaló por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

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De acuerdo con el ente acusador, los hechos por los cuales se le acusa se remontan entre diciembre del 2006 y diciembre del 2009. Para ese momento, el excalbildante habría aprovechado su posición para direccionar la contratación de tres personas en el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU).

Se trata de la entonces directora, Liliana Pardo Gaona; el exsubdirector técnico de Ejecución de Obras y una asesora de la dirección.

De esta manera, el exconcejal presuntamente quería tener funcionarios cercanos y con poder de decisión en el IDU, que le permitieran incidir en la fase de contratación de la Fase III de TransMilenio por la calle 26; y conocer con anticipación información privilegiada sobre el proceso y los términos contractuales para favorecer a contratistas de obra específicos.

Por los hechos relacionados directamente con las irregularidades de contratación detectadas en la Fase III de TransMilenio, el 19 de mayo de 2022, José Juan Rodríguez Rico fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

El 4 de noviembre de 2023, se conoció de la más reciente condena a un exfuncionario público por el caso del carrusel de la contratación en Bogotá.

La exjefe de la Oficina Asesora de Planeación del IDU Claudia Patricia Otálora Cano fue condenada a once años de cárcel. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción pudo comprobar que la funcionaria estuvo involucrada en el direccionamiento de cinco contratos financiados con recursos de valorización.

Sus acciones fueron llevadas a cabo cuando hizo parte del Comité de Adjudicación del IDU, en 2009. Los proyectos tenían como objetivo la construcción de una calzada de la Avenida La Sirena (Calle 153), la intersección del deprimido de la Calle 94, dos ciclos de puentes, tres puentes peatonales y algunos andenes. Todas estas obras representaron un valor sumado de $84.000 millones, con los cuales Otálora Cano buscó beneficiar a dos contratistas específicos.

Así las cosas, Otálora Cano fue condenada y deberá responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Por su parte, en 2021 la exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona fue sentenciada a 10 años de prisión por el delito de cohecho, en el cual incurrió como participante del entramado de corrupción durante el mandato del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno (2008-20011) que falleció en 2023, cuando se encontraba purgando una condena por el direccionamiento de contratos.

Ahora bien, la exfuncionaria ya había sido sentenciada a 19 años y 9 meses de prisión por su intervención en el entramado de corrupción, pero por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Sobre su actuación irregular, el exsubdirector técnico del IDU Inocencio Meléndez informó a la Procuraduría General de la Nación que Pardo se encargaba de adecuar los pliegos de peticiones según los requerimientos de los oferentes beneficiados con las adjudicaciones.

“Lo dije ante el (ex)procurador General Alejandro Ordóñez el 22 de junio de 2010 en el proceso contra el senador Iván Moreno y lo repito hoy en esta audiencia. La manipulación de los procesos se hacía con autorización de Liliana Pardo y con las condiciones que ella exigía para favorecer a empresas de José Juan Rodríguez, exconcejal de Bogotá”, explicó Meléndez en 2013, a la Fiscalía General de la Nación.