Álvaro Leyva regresó a Colombia, pero decidió guardar silencio respecto a la suspensión por tres meses que ordenó la Procuraduría en su contra. Aunque el Gobierno ha calificado la decisión como una persecución, el pliego de cargos lo señala de haber actuado contrario a la ley y de manera caprichosa.
La decisión de la Procuraduría se sustentó en un documento de 122 páginas en las que describió todo el proceso de licitación del contrato para impresión de los pasaportes colombianos. En la investigación se determinó que había hechos para llevar al funcionario a juicio disciplinario.
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Para el ente disciplinario no hubo justificación legal para suspender el proceso licitatorio el 31 de julio. Según sustentó la Cancillería, la decisión se tomó por una acción popular en curso, pero para esa fecha ni siquiera había sido admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que no podía ser sustento para alterar la licitación.
Esa suspensión se levantó hasta el 4 de septiembre. En esa fecha, el ministro Leyva asumió el proceso contractual, que había dirigido hasta entonces el secretario general, y anunció una nueva suspensión hasta el 13 de septiembre. En ese momento se declaró desierta la licitación.
“Con fundamento en lo anterior, presuntamente los funcionarios habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la actividad contractual de las entidades estatales, al haber ordenado la suspensión del proceso, y haber declarado desierta la licitación, pese a haberse concluido que el proponente UT PASAPORTES 2023, había cumplido con los factores de selección previstos en el pliego de condiciones, y conforme a dicha declaratoria, haber declarado el estado de urgencia manifiesta”, señaló la Procuraduría.
La Unión Temporal Pasaportes 2023, de la que Thomas Greg & Sons tenía la mayor parte de la participación, obtuvo la mayor calificación posible en su propuesta. Pero en cambio la otra oferente denominada Libretas 2023, no presentó los documentos para poder participar en el proceso de selección.
Según argumentó el Ministerio de Relaciones Exteriores para suspender la licitación, debido a que solo hubo una propuesta formal, terminó siendo un proceso de único oferente. Señalaron que las condiciones del proceso licitatorio habían hecho que solo una compañía pudiera cumplir los requisitos, por lo que no había garantía para la pluralidad en la licitación.
Sin embargo, para la Procuraduría esa argumentación no sustentaría la suspensión, debido a que los oferentes realizaron observaciones al pliego que fueron contestadas por el Comité Evaluador y que conllevaron a que se hicieran ajustes y aclaraciones, sin que se desvirtuaran condiciones restrictivas.
A raíz de esa decisión, la firma Thomas Greg demandó al Ministerio para el restablecimiento del derecho por haber ganado la licitación. Por eso se activó un proceso conciliatorio en el que para la Procuraduría se presentaron más presuntas irregularidades por parte del ministro Leyva.
Una de ellas es que aunque el Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores estaba a favor de conciliar, se establecieron actas y se propuso fórmulas para realizarlo, el canciller votó en contra de aceptar las condiciones que pedía la firma Thomas Greg y se mantenía firme en revocar el proceso.
Con base en testimonios, la Procuraduría señala que el ministro provocó diferentes posturas al interior del Comité de Conciliación y no se basó en presupuestos fácticos ni jurídicos para sustentar la declaratoria de desierta del proceso de licitación.
El Ministerio Público sostiene que el ministro Leyva Durán habría vulnerado los principios de transparencia, economía, selección objetiva entre otros por decidir declarar desierta la licitación, cuando ya se había seleccionado un proponente y no había normas que sustentaran su decisión.
“El ministro Álvaro Leyva desconoció los mandatos legales y las reglas previstas por la misma entidad que le indicaban que la declaratoria de desierta de la licitación, solo procedía en el evento en que ninguna propuesta cumpliera las condiciones para ser adjudicataria, porque no se hubieran presentado ofertas, o por cualquier otra causa que impidiera la selección objetiva, evento este último que no se demostró frente a dicha declaratoria, en el entendido que la misma entidad había habilitado la propuesta presentada por la UT PASAPORTES 2023, evaluación, frente a la cual no se concretó ningún reparo en particular para ser desestimada”, sostuvo la Procuraduría.
Además, el Ministerio Público señala a Leyva de haber tenido un comportamiento “provisto de ilicitud sustancial, toda vez, que quebrantó el deber funcional de adelantar la actividad contractual con apego irrestricto a la ley, conducta que conlleva la vulneración del principio de moralidad de la función administrativa, que le enseñaba que su actuar debía ajustarse a los mandatos establecidos en el estatuto contractual, respecto de la selección objetiva del contratista, respetando las reglas que la entidad había diseñado y conforme a las cuales el proponente se había presentado y había resultado habilitado”.