Una avalancha el 31 de marzo de 2017 desencadenó una tragedia en el municipio de Mocoa, Putumayo, que dejó más de 330 muertos, 400 heridos y múltiples damnificados y desaparecidos.

Casi siete años han pasado desde ese día y la Defensoría del Pueblo advirtió que las víctimas aún no han recibido el apoyo total del Estado colombiano, y las obras ejecutadas en el marco del plan de reconstrucción del municipio no han culminado.

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Ante la falta de eficacia en los proyectos que hacen parte de la reconstrucción del municipio, la Contraloría General de la República encontró dos hallazgos fiscales en una auditoría financiera practicada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El hallazgo fiscal de mayor cuantía corresponde a que se identificaron deficiencias y gestión fiscal antieconómica en la construcción, interventoría y supervisión de la Ungrd del proyecto de vivienda Sauces II en Mocoa.

De acuerdo con el ente de control fiscal, estas irregularidades ocasionaron la extensión de plazos y la adición de cuantiosos recursos económicos a los contratos de obra, sin que estos hubieran tenido avances físicos significativos ni la terminación de las viviendas.

Además, se hizo necesario adicionar recursos económicos al contrato de interventoría por el mayor tiempo de ejecución de las obras que, según la Contraloría, no fueron terminadas ni cumplieron con el objetivo del contrato, que se centraba en la construcción de 909 viviendas, con sus correspondientes obras de urbanismo, los cuales, al haber sido terminados anticipadamente por la Ungrd.

Sin embargo, estas obras quedaron inconclusas y paralizadas, ocasionando una afectación al erario que, a juicio del equipo de auditoría, genera un hallazgo fiscal por $20.987´564.136, que son los recursos efectivamente pagados por dichas obras.

La Contraloría también configuró otro hallazgo Fiscal por $2.439´190.225, debido al deterioro prematuro en una losa de concreto, estructuras y muros en gaviones de dos diques que hacen parte de las obras de mitigación de riesgos de crecientes en el río Mulato, que atraviesa al municipio de Mocoa, Putumayo, debido a las falencias en calidad constructiva de estas obras y en el control y supervisión de las mismas.

Como resultado de la auditoría financiera, el ente de control fiscal constituyó 15 hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen incidencia fiscal, por $23.426´754.361, 12 con presunta incidencia disciplinaria, otros dos para indagación preliminar, uno, beneficio de auditoría cualitativo y la solicitud de revisar la pertinencia de adelantar un Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal (PASF) en contra de la Ungrd.

Se detectaron incorrecciones materiales tanto a nivel contable como presupuestal, que conllevan a que la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros de la Ungrd sea “Negativa” y la opinión presupuestal sea “No Razonable”.

En virtud de lo anterior, la Contraloría General de la República “No Fenece” la cuenta fiscal rendida por la Ungrd, para la vigencia fiscal 2022. Adicionalmente, el control interno financiero tuvo una calificación de 2.0, que corresponde a un concepto “con deficiencias”.

Cabe recordar que en agosto de 2023, la Contraloría abrió procesos sancionatorios contra el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, y el exdirector Javier Pava Sánchez por ineficiencia en la reconstrucción de Mocoa.

“Es un desastre porque en la declaratoria de emergencia del Gobierno para atender de manera prioritaria las inversiones complementarias en Mocoa se establecía que las mismas debían alcanzar un valor de $1,6 billones y, a dos meses de que venza el plazo determinado, solamente se han comprometido, ni siquiera ejecutado, $400 mil millones”, explicó el contralor encargado, al instalar una Mesa de Seguimiento a la Reconstrucción de la capital de Putumayo.