La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocó la sentencia condenatoria y orde de captura en contra de un exguerrillero de las Farc por su presunta responsabilidad en el secuestro y posterior asesinato de cinco personas en el departamento del Meta.

A través de la Sala de Revisión, el tribunal de paz le dio la razón a la defensa de Wladislaw Aguirre, conocido con el alias de Rafael Médico. El integrante del Frente 31 de las Farc era señalado de la masacre de cinco ciclistas.

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Actualmente, Aguirre es compareciente en el caso que lleva la JEP por reclutamiento de menores y abortos. Sin embargo, tras revisar la sentencia que lo condenaba a 31 años de cárcel, los magistrados de la JEP determinaron que no pudo haber participado en los hechos ocurridos en 1997 porque estuvo detenido en la cárcel de Villavicencio por rebelión entre 1996 y 1999, como certificó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Otro argumento de la JEP para revocar la condena de alias Rafel Médico fue que no se encontraron pruebas que hayan incriminado al procesado, pues ni la Fiscalía General de la Nación ni la Procuraduría lograron demostrar, en ningún momento, la participación o contribución del exguerrillero en el crimen.

De acuerdo con los magistrados, los testimonios recolectados por el ente acusador tampoco incriminan Aguirre con los hechos motivo de investigación:

“En la sentencia de condena no existe referencia ni argumentación alguna que permita conocer la existencia de dicho plan, ni mucho menos, en qué consistió el aporte del señor WLADISLAV AGUIRRE RODRÍGUEZ a la ejecución de las conductas delictivas, más aún, si en cuenta se tiene que, según consta en el expediente instruido por la justicia ordinaria, ni el delegado fiscal ni el juzgador advirtieron que para la época de los hechos el hoy compareciente se encontraba privado de la libertad”, se lee en el auto de la JEP.

La Jurisdicción Especial para la Paz decidió revocar la condena contra alias Rafael Médico, contrariando el concepto emitido por la Procuraduría, en el cual solicitó mantener la medida intramural contra el excombatiente.

Para el Ministerio Público, no había elementos suficientes para desvirtuar lo fallado. Por el contrario, tras la inexistencia de una cartilla biográfica en la cárcel que diera cuenta de su estadía y movimientos en el centro penitenciario, habría posibilidad de que el procesado hubiese pedido permisos para salir y cometer las conductas delictivas por las cuales fue señalado.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP llamó a versión a cinco comparecientes que hicieron parte de la fuerza pública, entre los que se encuentran el general (r) Hernando Pérez Molina y el teniente coronel (r) Robinson González del Río, en el marco del caso que investiga los delitos cometidos en el norte de Cauca y sur de Valle del Cauca.

En este mismo caso ya fueron imputados hechos y conductas a 10 exintegrantes de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las Farc por hechos cometidos por esta extinta guerrilla en los 17 municipios priorizados en esa región del país.

Además, han sido escuchados los testimonios de los principales líderes del extinto Bloque Calima de las AUC quienes han manifestado la existencia de alianzas de esa organización con miembros de la fuerza pública del norte de Cauca y del sur de Valle del Cauca para cometer delitos como la desaparición de personas y otras violaciones a los derechos humanos.

Estos hechos han sido confirmados en Justicia y Paz, en informes entregados a la JEP y en testimonios de las víctimas.