En marzo de 2017, la fortuna del coronel (r) Hugo Aguilar experimentó un cambio significativo al ser observado manejando un lujoso Porsche Convertible por las calles del área metropolitana de Bucaramanga, en Santander. Esta demostración de ostentación lo puso en el epicentro de la atención pública, generando dudas sobre su capacidad para cumplir con la indemnización de $6.337 millones impuesta en 2014 por la Corte Suprema de Justicia.
En 2004, sin el respaldo de los partidos tradicionales, logró convertirse en gobernador de Santander, su departamento natal. Sin embargo, en 2011, casi dos décadas después de su destacada gesta en la capital antioqueña, cuando se conoció que él fue el que puso fin a la vida del capo Pablo Escobar en un tejado del barrio Los Olivos, el 2 de diciembre de 1993, las autoridades colombianas ordenaron su captura por supuestos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), específicamente con el bloque paramilitar Central Bolívar, operante en Santander.
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Aguilar fue condenado a nueve años de cárcel y a pagar dicha multa millonaria para reparar a las víctimas del grupo armado ilegal. Estratégicamente, había logrado persuadir a la Corte de que no contaba con los recursos para pagar la cuantiosa multa, declarándose en quiebra y asegurando que solo podía abonar $500.000 mensuales; sin embargo, las fotografías del Porsche despertaron sospechas sobre la veracidad de sus afirmaciones y desencadenaron investigaciones sobre el origen de su fortuna.
Las imágenes del antiguo coronel dentro de su automóvil de lujo fueron expuestas por Diana Saray Giraldo, que, en su pasado como exsubdirectora del diario Vanguardia de Bucaramanga, capturó el momento en el que conducía el Porsche descapotable de tono caoba metalizado, con las matrículas IIY 545 de Bogotá. Este vehículo, valorado en aproximadamente 350 millones de pesos en esa época, desencadenó una ola de comentarios en contra de Aguilar.
El certificado de tradición del vehículo, revelado en su momento por el periodista Daniel Coronell, el descapotable fue importado a Colombia el 17 de julio de 2015 por Hugo Aguilar, justo dos meses después de haber salido de la cárcel el 5 de mayo de 2015, lo que hizo que todo sus argumentos y justificaciones se cayeran.
En Santander, Aguilar era conocido por residir en el sector más exclusivo del área metropolitana, financiar campañas políticas y disfrutar de lujos, a pesar de tener únicamente una pensión de la Policía como ingreso, por eso, las autoridades iniciaron indagaciones para esclarecer la procedencia del vehículo y la riqueza que lo rodeaba.
Este hecho alertó a las autoridades, que examinaron nuevamente las cuentas de Aguilar y descubrieron una lista extensa de propiedades y bienes, en el que se incluyeron tres vehículos de alta gama, oficinas, consultorios, casas, apartamentos, fincas, parqueaderos, depósitos y lotes, todo con un valor de $5.2 millones de dólares.
De esta manera, la Fiscalía General de la Nación afirmó que estos bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes de los nexos de Aguilar con grupos paramilitares. A pesar de múltiples instancias, el exgobernador fue incapaz de justificar el origen de dichos fondos, lo que llevó a la orden de su captura en 2017. El hombre, que alguna vez fue considerado un héroe en la lucha contra el narcotráfico, enfrentó un nuevo proceso judicial, marcado por las contradicciones entre sus declaraciones y sus acciones ostentosas.
Las pesquisas revelaron que el automóvil estaba registrado a nombre de Yeison Albeiro Sáenz Plazas, un ingeniero electrónico y testaferro del exgobernador. Según el periodista Coronell, para 2018, el experto pasó de ser un campesino humilde a contratista del Congreso con el respaldo del expolicía y dueño del lujoso vehículo.
Aguilar intentó justificar la situación argumentando que había vendido el carro en 2016, pero estaba enfrentando dificultades para recibir el pago. Afirmó que, en el momento de la fotografía, simplemente estaba conduciéndolo para entregárselo a su nuevo propietario después de una revisión, pero esto fue desmentido por la Fiscalía.