La audiencia de imputación de cargos en contra de los tres capturados por estar presuntamente implicados en el robo de 16 camionetas blindadas a un contratista de la Unidad Nacional de Protección se suspendió el martes 23 de enero porque la Fiscalía notificó que había recaudado nuevas pruebas.
Con la nueva evidencia, el ente acusador ya tendría las herramientas suficientes para pedir que a los acusados se los condene por los delitos de hurto agravado y secuestro simple de varios vigilantes que custodiaban las camionetas, y no por receptación. Así lo aseguró el diario El Tiempo.
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Ese medio aseguró que los investigadores recolectaron varios fotogramas de las cámaras de seguridad en donde quedaron registrados los rostros de los señalados ladrones.
Además, habría un furgón de cabina blanca y carrocería roja en el que se habrían movilizado dos supuestos asaltantes, que estaban vestidos con hoodies, o buzos de capota, jeans y tenis color oscuro. En el video se alcanza a ver la placa.
Así mismo hay un carro tipo sedán marca Renault, línea Logan, de color gris, que supuestamente condujo a las camionetas hacia su escondite, un parqueadero en el barrio Jaqueline, localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.
De acuerdo a lo revelado por la Fiscalía, que fue difundido por el medio mencionado, los dueños de tal espacio habían sido contactados semanas antes para indagar si tenían la capacidad de guardar varias camionetas de alta gama.
Una de las personas capturadas, de nombre Jairo Rojas Ballén, ya había sido condenado por hurto agravado por un hecho ocurrido en 2012, cuando estuvo involucrado en el robo de una caja fuerte en una casa a la que entró con otras cinco personas. Su apoderado, el abogado Edwin Segura Escobar, le aseguró a El Tiempo que ese hecho no constituye un antecedente por haber ocurrido hace más de diez años y con objetos distintos.
El abogado también dijo que Rojas Ballén y su hijo Brayan Rojas Muñoz, que también estaría implicado en el robo de las camionetas, son mecánicos y que un cliente, con quien tenían una relación de confianza, los citó para recoger dos de los vehículos con el fin de repararlos. “Como él trabaja con sus hijos en el taller, le dijo a uno de ellos que lo acompañara”, dijo el abogado.
Por eso busca para ellos que sean acusados por el delito de receptación y no por hurto agravado y secuestro simple. Además, manifestó que buscará con la Fiscalía acogerse a un principio de oportunidad o a un preacuerdo, para revelar el nombre de la persona que los contrató para eso.
Otra cosa que encontró el periódico El Tiempo es que las camionetas sustraídas están involucradas en una disputa entre dos contratistas de la UNP: Alliance Security, encargado de los esquemas de seguridad de la JEP, y Neostar Seguridad de Colombia. Desde Neostar se había solicitado el embargo de los vehículos, y la UNP había informado a Alliance que dichas camionetas no serían autorizadas dentro del esquema de protección.
Los vehículos, con un valor estimado de 8.000 millones de pesos, fueron sustraídos en la localidad de Suba, situada al noroccidente de Bogotá. Se han recuperado 11 vehículos, por lo que la Policía continúa con un amplio operativo para recuperar los automóviles aún desaparecidos.
Según reportes iniciales, aproximadamente 20 individuos armados irrumpieron en las instalaciones de la compañía arrendadora de vehículos a la UNP, amenazando al personal presente. Los autos, correspondientes a los modelos de los años 2022 y 2023 y con un valor individual cercano a los 500 millones de pesos, al parecer, estaban destinados a jueces de la JEP.
“Sobre las 6:00 a.m. recibí una llamada del Ministro de Defensa para decirme que si estaba al tanto del robo de unos vehículos que había ocurrido sobre las 12:30 a.m., de los cuales ocho ya fueron recuperados. Nos preocupamos que fueran ya propiedad de la Unidad Nacional de Protección, de los 54 que compramos el año pasado, que están en proceso de entregas a los protegidos”, le dijo el director de la UNP, Augusto Rodríguez, a Caracol Radio.