Víctima de la masacre de Montoñedo y su defensa denunciaron amenazas e intimidaciones

Ya son varias las veces en las que la defensora de derechos humanos Yessika Hoyos Morales y Alfonso Mora, padre de uno de los jóvenes asesinados en 1996, son intimidados con mensajes grotescos

Nuevo mensaje intimidante a abogada de derechos humanos en Colombia - crédito Cajar

Yessika Hoyos Morales, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y defensora de derechos humanos, ha sido víctima, nuevamente, de amenazas que atentan contra su vida y seguridad. Este hecho se vincula directamente con su labor en el caso de Jenner Alfonso Mora, joven asesinado en la masacre de Mondoñedo en 1996.

Las intimidaciones se concretaron en un mensaje recibido a las 2:46 p. m. el 22 de enero de 2024 en su dispositivo móvil, que decía: “Vemos qué sigue ayudando a ese guerrillero hp en Girardot de Alfonso, ya esta es la segunda que se le dice que no meta sus narices donde no la llaman porque le puede pasar lo del hijo de él”. Dicho mensaje provino del número 3108044667, según la afectada.

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Continúan las amenazas a defensores del caso Mondoñedo - crédito Cajar

No es la primera vez que la togada enfrenta situaciones de amenaza; el 26 de mayo de 2022, tanto ella como Alfonso Mora, padre de Jenner, recibieron una advertencia de naturaleza similar. Adicionalmente, el hecho de que un día antes, el 25 de mayo, la abogada percibiera un ingreso ilegal en su domicilio, aúna gravedad al asunto y subraya la ausencia de resultados en las investigaciones correspondientes.

La historia de amenazas se remonta al 11 de junio de 2021, cuando tanto ella como Mora, su cliente en aquel entonces, fueron objetivo de mensajes peligrosos vinculados a su actividad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Esta cadena de hostigamientos toma otra dimensión con los hechos reportados en diciembre de 2023, cuando el senador Wilson Arias notificó recibir acoso desde el número de Hoyos Morales, lo que sugiere la posibilidad de una clonación de su línea telefónica.

Además de las amenazas directas, el caso se complica con la agresión física que sufrió Santiago Salinas Miranda, colega de Hoyos Morales, el 8 de enero de 2024, día festivo. En esa ocasión, dos mujeres que previamente habían molestado a otros miembros de Cajar, incluida la propia Hoyos, lo atacaron.

Exigen acciones estatales ante amenazas a defensora Yessika Hoyos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El contexto de esta hostilidad se amplía cuando se considera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudia las acusaciones contra Colombia por vigilancia ilegal, amenazas y otros actos de persecución contra miembros del Cajar. La institución ha recibido más de 30 testimonios, entre ellos el de Hoyos Morales, que relatan agresiones y violaciones a los derechos humanos.

En respuesta a esta situación, se han realizado múltiples llamados:

  • Solicitar al Estado colombiano medidas concretas para proteger la vida de Yessika Hoyos y Alfonso Mora.
  • Exhortar a la Fiscalía General de la Nación a investigar con diligencia las nuevas amenazas y las más de 100 agresiones impunes contra miembros de Cajar.
  • Instar al Estado a desarrollar políticas públicas integrales para la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
  • Pedir a la JEP que considere y monitoree estos hechos alarmantes que comprometen el proceso judicial de las víctimas y obstruyen la justicia.
  • Apelar a la comunidad internacional para que manifieste su repudio y apoyo, a fin de poner fin a estos ataques.

La masacre de Mondoñedo, perpetrada el 6 y 7 de septiembre de 1996 por agentes de la Policía Nacional – Dijín, sigue resonando en el presente por la lucha de quienes buscan justicia para sus víctimas, recalcando la obligación del Estado de garantizar seguridad y justicia a quienes defienden los derechos humanos. En 2013 y 2017 fueron condenados ocho integrantes de la Policía por la comisión de la masacre.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) es una Organización No Gubernamental (ONG) colombiana que, desde 1980, defiende los derechos humanos, ambientales y de los pueblos. Esta tiene estatus consultivo en la OEA y la ONU.