Desde Bucaramanga (Santander), el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó el lunes 22 de enero una propuesta para sacar adelante a la reforma a la salud, que empezará a tramitarse desde el 16 de febrero en el Senado de la República, luego de haber surtido con éxito los dos debates en la Cámara de Representantes, con la aprobación de 134 artículos.
Para Jaramillo, es claro que se necesitarán más recursos que los inicialmente presupuestados, cerca de 92,2 billones de pesos para 2024, por lo que se requerirá adelantar una reforma de tipo tributario, en la que le pedirá al empresariado mayores aportes al sistema, en pro —según el titular de la cartera— de tener una transformación más “justa y equitativa”.
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“Hagamos la reforma tributaria y que los empresarios paguen la plata que dejaron de pagar. Que los que más tienen, más ponen y conseguimos el problema si es de dinero. Y hacemos una reforma justa y equitativa, no tenemos más dinero, no hay gobierno que no haya hecho un esfuerzo más grande”, mencionó Jaramillo, durante la audiencia pública en salud en la Universidad Industrial de Santander (UIS).
En su intervención, el ministro recordó cómo en anteriores gobiernos se implementaron impuestos a su juicio perjudiciales con los ciudadanos, como el 2x1000 en la administración de Andrés Pastrana, que luego pasó al 4×1000, en pro del sector bancario y al impuesto de guerra en el gobierno de Álvaro Uribe, en pro de financiar la lucha contra el terrorismo.
“Después de mucho tiempo, idas y vueltas, vamos a necesitar más recursos. Listo. Entonces no nos jodan a nosotros y más bien ayúdenos a hacer una reforma tributaria”, agregó Jaramillo en el auditorio, en el que estuvo acompañado de senadores aliados del presidente Gustavo Petro, como el local Fabián Díaz, Martha Peralta Epieyú y Wilson Arias.
“No hay más dinero”
Jaramillo indicó que de parte del Ejecutivo no cuentan con más recursos para invertir en el sector salud, pues vienen de destinar el 28% del presupuesto nacional en 2023 y el 17% para 2024. Esto contrasta con lo que decía en marzo de 2023 el viceministro de Seguridad Social, Luis Alberto Martínez, que hablaba que el dinero para hacer la reforma estaba asegurado.
“No tenemos más dinero. No ha habido un Gobierno que haya hecho un esfuerzo más grande y seamos consecuentes”, recalcó el ministro, que resaltó lo que sería una “buena tónica” con las organizaciones que velan por los intereses de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), como Acemi, Gestarsalud y la Cámara de Aseguramiento en Salud de la Andi.
Como se mencionaba, las declaraciones de Jaramillo contrastan con las de Martínez, que el año anterior afirmaba que el modelo propuesto en el proyecto de ley contaba con la financiación requerida para su implementación, y que buscaría poner fin a los problemas que se han acumulado durante las tres décadas de vigencia de la llamada Ley 100 de 1993.
“Los escenarios para los próximos años se proyectan positivos en la financiación del sistema y no tendrían por qué abrir ningún tipo de hueco en las finanzas del Estado”, afirmó el viceministro, en una reunión con Félix Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
En ese entonces, Luis Alberto Martínez reconocía que el actual modelo ha permitido un amplio cubrimiento en términos de vinculación al sistema, pero en su concepto, “tiene una deuda histórica con una gran parte de quienes habitan el territorio nacional”, que en su concepto no reciben una atención adecuada o no pueden acceder a los servicios básicos de salud.