Intentan remover al fiscal Mario Burgos por segunda vez en caso de Nicolás Petro

Laura Ojeda solicita nuevamente la recusación del fiscal Mario Burgos en el caso contra Nicolás Petro. La pareja del hijo mayor del presidente plantea que Burgos podría estar favoreciendo a Daysuris Vásquez, la expareja de Petro y acusada en el proceso, tras supuestas irregularidades en los tiempos procesales para presentar cargos. Esta petición llega al despacho de la fiscal delegada para la seguridad, Luisa Obando.

La solicitud de recusación de 15 páginas, detallada y conocida por El Colombiano, fue presentada por el abogado de Ojeda, Miguel Díez, alegando que el fiscal dejó pasar el plazo para proceder con una acusación o solicitud de preclusión en contra de Vásquez. Ojeda, ahora reconocida como víctima en el caso, sostiene que las acciones de Burgos podrían ser interpretadas como un acto de parcialidad, lo cual comprometería la imparcialidad del proceso judicial en curso.

La insistencia de Ojeda por apartar al fiscal Burgos del caso marca la segunda ocasión en que se interpone un recurso de esta índole. Los motivos subyacentes se esclarecen a través del descontento expresado en la documentación, donde se cuestiona la conducta del fiscal en el manejo de los tiempos legales y los pasos procedimentales. La naturaleza exacta de las presuntas omisiones por parte de Burgos no ha sido especificada, aunque se entiende que su enfoque está en la supuesta inacción frente a las acusaciones dirigidas hacia Vásquez.

Por su parte, Daysuris Vásquez está implicada en un caso paralelo en donde se le acusa de haber intentado exponer una supuesta infidelidad de Nicolás Petro. La dinámica del caso y las interacciones entre las partes implicadas continua bajo estricta revisión por las autoridades judiciales competentes. La decisión sobre la posible recusación del fiscal Burgos recaerá en última instancia sobre la fiscal Luisa Obando.

El fiscal Burgos enfrenta señalamientos por la caducidad de términos bajo el artículo 175, relacionado con la acusación o preclusión de casos en un estrado judicial. Por otro lado, Nicolás fue formalmente imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras pruebas que sugieren apropiación indebida de 1.053 millones de pesos, impactando también a individuos ajenos a su función legislativa como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel “el turco” Hilsaca.

La situación legal de Nicolás se complicó el 11 y 12 de enero, plazos en los que fue acusado formalmente. Paralelamente, Laura Ojeda está en proceso de negociar un acuerdo de inmunidad con la Fiscalía, a cambio de cooperar con información adicional. Se espera que la audiencia para consolidar este arreglo se realice el martes, 30 de enero, fecha reprogramada después de que su abogado, Alait Freja, alegara que Ojeda no contaba con los 40 millones de pesos necesarios para la restitución de los fondos en cuestión. Cabe destacar que días antes del primer encuentro judicial previsto para el 15 de enero, el defensor de Ojeda presentó una solicitud de recusación aún sin resolver.

La defensa de Ojeda presentó otra recusación, marcando un punto crítico tras haber transcurrido 163 días desde la formulación de imputación el 2 de agosto del 2023. Según el documento legal, se considera que existen causales objetivas de impedimento, hecho que ha reactivado los intentos por apartar al fiscal de la investigación. No obstante, previamente, una solicitud similar fue rechazada por la Fiscalía el 22 de diciembre argumentando una ampliación de términos a 240 días debido a una negociación pendiente de Vásquez con la justicia.

Cabe resaltar que esta no es la primera maniobra para desplazar a Burgos del proceso; se suman otras acciones como las denuncias por parte de Nicolás Petro sobre supuestas vulneraciones a sus derechos, que culminaron en la apertura de un expediente contra el fiscal en la Comisión de Disciplina Judicial relacionado con la filtración de un interrogatorio y el ingreso de fondos irregulares en la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro.

Por el momento, la permanencia de Burgos en el caso parece segura, aunque se está en espera de un pronunciamiento final de la Fiscalía o el planteamiento de nuevas tácticas para recusarlo. Los hechos aquí presentados forman parte del proceso judicial en curso, que sigue desarrollándose con especial atención a las estrategias legales empleadas por ambos lados del espectro procesal.