Judicializan a dragoneante del Inpec por entrar celulares y drogas a La Picota: eran para alias ‘Diomedes’ de las disidencias de las Farc

Jonathan Alexander Tulcán Quispe, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), fue judicializado por presuntamente introducir ilegalmente celulares, estupefacientes y bebidas alcohólicas a la cárcel La Picota de Bogotá.

Según las acusaciones de la Fiscalía General de la Nación, Tulcán Quispe recibía pagos para entregar estos objetos a Luis Carlos Cifuentes Puerta, alias ‘Diomedes’, condenado por delitos de secuestro extorsivo y extorsión y líder de las disidencias de las Farc, quien actualmente paga una condena superior a 40 años en el centro carcelario.

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“Cuando usted no compraba las bebidas alcohólicas, las recibía de la pareja sentimental del señor Luis Carlos para volver a ingresarlas a La Picota. También usted coordinaba con otros funcionarios del Inpec para que estos ingresaran licor y otros elementos a ese establecimiento carcelario”, señaló el fiscal del caso.

Durante la investigación, se descubrió que Tulcán también habría facilitado el movimiento de Cifuentes Puerta entre diversas celdas para que controlara la comercialización de sustancias psicoactivas y alcohol en los sectores de la prisión a los que era trasladado.

Según el informe de la investigación, el funcionario del Inpec logró ser individualizado después de que lograran detectar que los pagos ilícitos hacia el dragoneante mediante transferencias en plataformas digitales, además de otros pagos en efectivo. por lo que hicieron efectiva su orden de captura en el sector de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

“El compromiso fue que Luis Carlos le pagaría a usted si lo cambiaban de patio y además que pagarían una mensualidad si lo autorizaban a controlar la línea de distribución y venta de licor y sustancias psicoactivas en el patio que lo ubican”, indicó el funcionario de la Fiscalía.

Frente a estos hechos, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía le imputó a Tulcán Quispe el delito de cohecho por dar u ofrecer. No obstante, el implicado no reconoció su culpa frente a los cargos, a pesar de una interceptación entre Diomedes y el dragoneante en el que quedaría manifiesto el negocio que tenían.

“Yo le colaboro de aquí al lunes con el millón de pesos para que usted le dé a ese sargento mientras tanto. Dígale ‘sargento le doy a usted un millón de pesos y colabóreme viejo para adentro’, la verdad yo no voy a chimbear más con eso, y ya después cuadramos nosotros, ¿sí me entiende?”, se oye decir a Diomedes en una de las conversaciones.

Aunque el funcionario no aceptó cargos, como medida preventiva un juez de control de garantías ordenó que el acusado permanezca bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial.

Asimismo, la Fiscalía y la Policía Nacional intentan individualizar a otros miembros del Inpec que pudieron estar involucrados en el negocio ilícito mientras que la institución sigue en su esfuerzo por luchar contra la corrupción y el fortalecimiento de la seguridad interna de los establecimientos carcelarios.

El uso indebido de celulares en cárceles se ha convertido en una seria amenaza para la seguridad en el país, ya que los presos los están empleando para llevar a cabo actividades ilícitas como ordenar asesinatos, extorsiones, amenazas y estafas.

Ante la problemática, la Procuraduría ha incrementado la vigilancia sobre este fenómeno, reportando un aumento del 41% en delitos de extorsión originados en penales, especialmente en el Valle del Cauca y con riesgo de extenderse a otras regiones como Barranquilla.

La problemática se agrava con el dato de que, de los 22 bloqueadores de señal para móviles instalados en los centros penitenciarios, solamente dos están operativos. Este mal funcionamiento y la falta de control en el ingreso de dispositivos a las cárceles, fenómeno que la Procuraduría asocia con la complicidad de algunos guardias, pondrían en jaque la eficacia del Gobierno Nacional y del Inpec para acabar con esta práctica ilegal.

En respuesta a los señalamientos, el director del Inpec, Daniel Gutiérrez, señaló que la responsabilidad de la instalación y mantenimiento de los inhibidores de señal recae en la Uspec. A su vez, destacó los resultados de la operación Dominó, que resultó en la incautación de más de 33.000 celulares durante 2023 y mencionó las acciones disciplinarias contra servidores involucrados en actos de corrupción.

Por su parte, la Procuraduría ha propuesto la creación de una Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional para enfrentar de forma focalizada el delito de extorsión desde las prisiones, buscando la colaboración entre la Fiscalía General de la Nación y la institución penitencia. Esta unidad también se uniría a la Policía para agilizar investigaciones en temas de extorsión y corrupción dentro de las cárceles.

Asimismo, el Ministerio de Justicia contempla la posibilidad de tipificar como delito la posesión y uso de dispositivos móviles en las cárceles en las futuras reformas del Código Penitenciario.