Preocupación por seguridad en frontera con Ecuador: piden plan de contingencia

La propuesta de deportar a al menos 1.500 prisioneros colombianos desde el vecino país generó la solicitud de medidas preventivas

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Preocupación en Nariño, Cauca y Valle del Cauca por la seguridad tras posible liberación de presos ecuatorianos - crédito redes sociales
Preocupación en Nariño, Cauca y Valle del Cauca por la seguridad tras posible liberación de presos ecuatorianos - crédito redes sociales

La diputada Mariluz Zuluaga Santa del partido Cambio Radical, y los diputados Julio César García y Rafael Rodríguez del Centro Democrático manifestaron su inquietud ante la Asamblea Departamental sobre la posible liberación de reos colombianos en Ecuador y el efecto en la seguridad de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Es sumamente preocupante y nos debe llevar a tomar las precauciones necesarias, ya que es un tema de seguridad nacional que afecta a los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, siendo nuestro departamento uno de los inmediatamente afectados por su ubicación geográfica y cercanía con el vecino país”, se lee en el documento presentad, según RCN Radio.

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Frente a la situación, el diputado por el Valle del Cauca Rafael Rodríguez solicitó al Gobierno un plan de contingencia para abordar la deportación de 1.500 prisioneros colombianos desde Ecuador, una medida propuesta por la canciller de ese país, Gabriela Sommerfeld, desde el Foro Económico de Davos, Suiza. Es preciso mencionar que, la situación responde a una crisis de seguridad que enfrenta el vecino país.

El tema de la seguridad fronteriza y los planes de acogida para los deportados es de gran relevancia nacional. Asimismo, el funcionario mencionó específicamente un posible hacinamiento en las prisiones colombianas, que ya presentan una significativa sobrepoblación.

Las declaraciones del Gobierno ecuatoriano de una posible expulsión de colombianos que vienen teniendo un problema legal en ese país y que no sabemos a hoy cuál sería el plan de contingencia que tiene el Gobierno colombiano, el Inpec, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía; estos 1.500 colombianos a dónde van a llegar o de qué forma van a ser recibidos, si es que van a llegar a las cárceles en donde tenemos un hacinamiento de más del 39%”, manifestó el líder político, de acuerdo con el medio citado anteriormente.

Ante anuncio ecuatoriano, incertidumbre sobre acogida y efectos en hacinamiento carcelario en Colombia - crédito EFE
Ante anuncio ecuatoriano, incertidumbre sobre acogida y efectos en hacinamiento carcelario en Colombia - crédito EFE

La falta de respuesta de las autoridades colombianas a esta problemática fue señalada por los legisladores. De otro lado, el presidente Gustavo Petro indicó que la deportación no puede efectuarse precipitadamente al ser un proceso complejo que debe respetar las jurisdicciones de ambos países.

Por su cercanía con Ecuador, los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, resultan ser los más afectados ante cualquier incidencia en la política penitenciaria del país vecino, evidenciando una vulnerabilidad en términos de seguridad nacional.

Es de precisar que todo lo anterior surge de la controversial respuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a la oferta de ayuda del presidente Petro, frente a la crisis de violencia en ese país. Noboa sugirió enviar a Colombia a los miles de presos alojados en las cárceles ecuatorianas, lo cual fue respondido por el ministro de Justicia colombiano, Néstor Osuna, mencionando la necesidad de evaluar individualmente la voluntad de cada recluso.

“Colombia dijo que nos querían ayudar. Perfecto, ya les mandamos 1.500 presos que estamos manteniendo en cárceles ecuatorianas”, manifestó Noboa en un canal local.

Adicionalmente, Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se pronunció sobre el tema y expuso la grave crisis humanitaria que se vive en las cárceles en Colombia, un panorama que empeoraría con la propuesta del mandatario ecuatoriano. El funcionario indicó que en 2023 se registró un aumento del hacinamiento carcelario, alcanzando un 24,5%. El problema es de tal magnitud que muchas personas privadas de la libertad han tenido que ser recluidas en estaciones de policía ordinarias o unidades de reacción inmediata (URI), cuyos espacios no están destinados para detenciones largas y en las que hay un hacinamiento de alrededor del 130%.

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