Piedad Córdoba: las investigaciones y escándalos que rodearon su carrera política

La exsenadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba falleció el sábado 20 de enero de 2024 luego de sufrir un infarto. Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, se caracterizó por defender sus políticas y hacer contrapeso a los partidos declarados en oposición. Asimismo, enfrentó críticas por su hermano Álvaro Córdoba, que aceptó ante la justicia de Estados Unidos haber enviado un cargamento de cocaína al territorio de norteamericana.

Su carrera como congresista se vio permeada por investigaciones penales que abrió la Corte Suprema de Justicia, y que, ahora, tras su muerte, quedarán cerradas. Pues, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 600 de 2000, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Penal colombiano, el fallecimiento del procesado es una causal para que la acción penal en su contra se extinga.

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Entre otras cosas, a la excongresista, que fue miembro del Partido Liberal, se le estaba indagando por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado a favor de terceros y falsedad en documento público. La apertura de dicha investigación formal fue ordenada por la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, en noviembre de 2023, luego de identificar irregularidades en los patrimonios de sus familiares.

“Los hechos objeto de investigación por enriquecimiento ilícito tienen que ver con supuestos incrementos patrimoniales por justificar de familiares cercanos a Piedad Córdoba, durante los años 2006-2012. Se investiga si ese presunto aumento del patrimonio tuvo supuestamente alguna relación con la actividad que tuvo en la época como congresista y sus funciones”, precisó la Corte, citada por AS.

Aunque esta apertura de investigación es reciente, lo cierto es que la exsenadora había estado bajo la lupa de las autoridades colombianas por más de una década. Pues, fue señalada de haber tenido presuntos nexos con la extinta guerrilla de las Farc, caso conocido como Farcpolítica. También, según detalló El Espectador, pudo haber estado relacionada con Álex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro. Además, en cierto momento de su carrera política se registró un incremento desproporcionado de su fortuna que también llamó la atención de las autoridades.

De acuerdo con el medio citado, en 2008, el alto tribunal abrió una investigación preliminar en contra de la exsenadora por posibles vínculos que habría logrado forjar con integrantes del extinto grupo armado. La decisión de la Corte surgió luego de que la Fiscalía General de la Nación compilara documentos y correos electrónicos que comprobarían las sospechas.

Parte del material recolectado estaba almacenado en un computador del excomandante del Bloque Sur de las Farc y exintegrante del Secretariado, Luis Edgar Devia Silva, conocido como Raúl Reyes, en el que se halló información posiblemente relacionada con la excongresista. Al parecer, Córdoba era denominada bajo el alias de Teodora Bolívar, aunque, también se le adjudicaron otros como La Negra o Gaitán.

Córdoba participó en el sonado intercambio humanitario que se llevó a cabo durante el gobierno de Ernesto Samper, en el que, al parecer, tuvo una participación clave debido a los posibles nexos con las Farc. Esta diligencia de liberación de secuestrados fue posible, también, gracias a la cercanía que tenía la excongresista con el dictador del régimen de Venezuela, Hugo Chávez.

En medio de las indagaciones penales por el caso Farcpolítica, la Procuraduría General de la Nación (PGN) decidió sancionarla con inhabilidad y destitución por un periodo de 18 años, en los cuales no podía ejercer cargos públicos. Esta decisión del organismo de control fue proferida en septiembre de 2010, pero, en 2016, el Consejo de Estado dejó sin validez el fallo de la Procuraduría, toda vez que consideró que las pruebas por las cuales fue destituida, recolectadas en el computador de Raúl Reyes eran falsas.

“La Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al considerar como pruebas válidas, dentro del proceso disciplinario, las practicadas y recaudadas en desarrollo de la “Operación Fénix”, las cuales se consideran inexistentes”, detalló el Consejo de Estado en su decisión.

El nombre de la exsenadora retumbó también en Ecuador, donde el excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023. De acuerdo con El Tiempo, el exaspirante señaló a Córdoba de tener vínculos con el señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro, Álex Saab, que fue puesto en libertad luego de un acuerdo al que llegó Estados Unidos.

Al parecer, hay registros de vuelos y transacciones que remarcarían los presuntos nexos que pudo haber tenido con Saab.

Desde la perspectiva de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, estas sospechas relacionadas con Saab, además de los otros escándalos que rodearon a la exsenadora, se configuran como una “deuda” con Colombia, que, debido a su muerte, no podrá contar con la verdad.

“Dejó una deuda de dolor por su relación con las FARC y los secuestrados; usó su amistad con Chávez para lucrarse y heredó privilegios con Maduro y su socio Álex Saab. Nos quedó debiendo la verdad, en impunidad”, escribió la congresista en X (antes Twitter).