El éxodo Emberá en la capital, uno de los retos más grandes de la Alcaldía

El jueves 18 de enero, cerca de 500 miembros de la comunidad Emberá retornaron a Bogotá, procedentes de sus territorios en el departamento del Chocó, tras una estancia de aproximadamente un mes. Parte de ellos optó por volver a las Unidades de Protección Inmediata (UPI) de La Rioja y La Florida, mientras que otros se dirigieron hacia un asentamiento establecido desde octubre en el Parque Nacional. Este movimiento poblacional pone en relieve las dificultades que enfrentan los procesos de retorno gestionados por la Unidad de Víctimas y el Distrito, a pesar de la significativa inversión de 800 millones de pesos destinada a cubrir gastos de transporte y otros equipamientos para facilitar su traslado.

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Según El Espectador, algunos líderes de la comunidad Emberá de las familias que volvieron a sus resguardos se encontraron con un escenario de ausencia de apoyo y garantías por parte de las entidades involucradas, situación que los obligó a regresar a la capital, donde buscaron refugio tanto en las UPI como en el campamento del Parque Nacional. Argumentan que, al llegar a sus territorios, se vieron inmersos en un contexto de inseguridad y violencia, sin las medidas necesarias para proteger sus vidas, lo que motivó su desplazamiento nuevamente a Bogotá. Las familias afectadas, muchas de las cuales incluyen mujeres y niños, representan un desafío continuo tanto para las autoridades como para el bienestar de la propia comunidad indígena.

Las voces críticas de esta comunidad indígena señalan que el proceso de acompañamiento y retorno fue “incompleto” y las promesas de seguridad no se cumplieron efectivamente, lo que ha iniciado un ciclo de desplazamiento recurrente que afecta primordialmente a los más vulnerables.

El fenómeno conocido como ‘Efecto rebote’ refleja la problemática que enfrentan comunidades indígenas en Colombia al ser desplazados forzosamente y retornar a sus territorios originarios debido a fallas en los procesos de reubicación y amenazas de seguridad. Jairo Montañez, defensor de derechos humanos y coordinador de Autoridades Indígenas de Bakatá, señaló en El Espectador que este ciclo se perpetúa por la ausencia institucional y las condiciones adversas que persisten en los territorios indígenas.

Añadió que el retorno en masa generalmente ocurre durante el mes de diciembre, aprovechando la inactividad gubernamental propia del periodo festivo, lo cual impide que se garanticen las condiciones adecuadas para asegurar el bienestar de las comunidades tras la reubicación. Montañez critica esta estrategia gubernamental y exige una reubicación que tenga en cuenta las necesidades reales y las complejidades territoriales, que evite que las comunidades sean expuestas nuevamente a riesgos y carencias.

La Defensoría del Pueblo informa sobre los compromisos de salud y educación para las comunidades Emberas, mientras se destaca la problemática de tierras y el ausente apoyo a las víctimas de la diáspora en Bogotá. Durante recientes encuentros, se renovaron las promesas de mejoras en el acceso a servicios de salud y se abordó la necesidad de agilizar la incorporación de menores a instituciones educativas. Sin embargo, solicitudes como la adquisición de un predio por parte de la Agencia Nacional de Tierras fueron rechazadas, agravando así la situación de hacinamiento que ya ha provocado la muerte de 43 indígenas desde 2021.

En el ámbito de la salud, se ha garantizado la implementación de una ruta de atención médica que permita a las comunidades Emberas obtener citas y participar en jornadas de salud específicas. Adicionalmente, se ha acordado la contratación de personal capacitado para atender a las poblaciones étnicas de manera adecuada. Por otro lado, según El Espectador, la Secretaría de Educación rechazó la petición de proporcionar equipos de cómputo para el aprendizaje de los menores, argumentando falta de “capacidad técnica” para suministrarlos. En cuanto a la petición de la compra de tierras, se encontraron con limitaciones por tratarse de áreas urbanas y se mencionaron procesos existentes en otros municipios como Caparrapí, Cundinamarca y Salento, Quindío.

Este conjunto de acciones y respuestas gubernamentales se produce en un contexto donde el efecto rebote y el hacinamiento son problemas críticos. Esta situación está directamente ligada al aumento de problemas de salubridad y desnutrición entre las comunidades Emberas, lo que se ha convertido en una causa directa de mortalidad, especialmente entre los menores. La ausencia de representantes del Ministerio de Vivienda y de la Alta Consejería de Víctimas en Bogotá durante las reuniones es otro aspecto que subraya la falta de apoyo en cuestiones fundamentales para estas comunidades.

En un reciente proceso de retorno, 452 personas, incluyendo 70 asentadas en el Parque Nacional, han sido trasladadas a sus lugares de origen en Chocó y Risaralda, Colombia, bajo una operación de la Unidad de Víctimas. Este movimiento sigue a un acuerdo establecido el 5 de mayo de 2022, que estipula condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad para los retornos.

La Unidad de Víctimas ha defendido las inversiones realizadas en estos traslados, argumentando que no se trata de “plata perdida”, como han sugerido algunas opiniones críticas. El ente gubernamental enfatiza su enfoque en la voluntad comunitaria y la colaboración con autoridades territoriales. Un elemento esencial en este proceso comprende el rol de dichas autoridades, cuya implicación es decisiva para la efectiva reintegración y bienestar de las comunidades, especialmente en un contexto marcado por el conflicto armado en el país.

Como parte del acuerdo, la Unidad acompañó a los grupos indígenas hacia sus territorios originales, apoyando la transición y promoviendo la seguridad y el respeto por las decisiones de las comunidades. A medida que las comunidades retornan a sus hogares, la responsabilidad recae tanto en las administraciones locales como en el Gobierno nacional, para asegurar las condiciones adecuadas que les permitan reintegrarse exitosamente a su entorno.

Por otro lado, se resalta la importancia de un plan de acompañamiento psicosocial coordinado por las Autoridades Indígenas de Bakatá, destinado a restablecer las condiciones sociales y económicas de las personas afectadas, mientras se define un plan definitivo de retorno o reubicación. Dicho grupo es un elemento crucial en el proceso, trabajando para integrar las dinámicas internas de las comunidades con las acciones de las autoridades.