Procuraduría solicitó frenar megaproyecto que dejó Claudia López: la entidad asegura que tiene varios problemas

El Ministerio Público recopiló pruebas que mostrarían deficiencias en aspectos fundamentales para la construcción de la obra

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Exdirector de la cárcel La Picota, en Bogotá, fue inhabilitado por 17 años y destituido por la Procuraduría - crédito imagen de referencia Colprensa
Exdirector de la cárcel La Picota, en Bogotá, fue inhabilitado por 17 años y destituido por la Procuraduría - crédito imagen de referencia Colprensa

La Procuraduría General de la Nación le pidió al gerente de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo) la suspensión del Contrato de Colaboración Empresarial, firmado con la Constructora Las Galias SAS el 27 de diciembre de 2023.

Esta medida se toma tras identificar ciertas circunstancias que de acuerdo con la entidad podrían ser un riesgo para la adecuada realización del proyecto nombrado como “Ciudadela Educativa y del Cuidado”.

La entidad informó que una inspección disciplinaria llevada a cabo el 15 de enero recogió evidencias de falencias importantes. Se destaca la existencia de vacíos en la definición de aspectos fundamentales para el desarrollo exitoso del proyecto Ciudadela Educativa y del Cuidad, así como deficiencias en la asignación de responsabilidades y en la implementación del principio de coordinación entre las entidades públicas, lo que es esencial para atender y resolver a tiempo cualquier controversia o inconveniente que pudiese surgir.

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La medida fue anunciada por el Ministerio Público en su cuenta de X de la siguiente manera: ¡Alerta! @PGN_COL pide pausa a ‘Ciudadela Educativa y del Cuidado’ en predios donde se proyectó la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente. El Ministerio Público detectó riesgos que podrían afectar la obra”.

Procuraduría General de la Nación pide pausar proyecto de ciudadela educativa en la ALO - crédito @PGN_COL
Procuraduría General de la Nación pide pausar proyecto de ciudadela educativa en la ALO - crédito @PGN_COL

Por otro lado, en consonancia con las irregularidades encontradas durante la inspección, el ente de control subrayó la importancia de que los acuerdos legales de las entidades estatales estén cuidadosamente diseñados, planificados y en línea con las necesidades a resolver. Enfatizó en la inadmisibilidad de la improvisación, indicando que es fundamental prevenir situaciones que contradigan la normativa legal vigente y que puedan afectar aspectos críticos como la ejecución, el costo o el tiempo de desarrollo de proyectos como el Ciudadela Educativa y del Cuidado.

Y es que, en relación con este caso, el actual alcalde de Bogotá en su momento habló del tema por medio de su cuenta de X pidiéndole a la entonces mandataria de la capital, Claudia López, y a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo) que atendieran las recomendaciones de la Procuraduría en relación con el proyecto antes mencionado que se planea construir en la ALO.

Respetuosamente, les solicito a la alcaldesa @ClaudiaLopez y a @RenoBo_Bogota que atiendan las recomendaciones de la Procuraduría y den por terminado el proceso de selección para la construcción de la Ciudadela Educativa y del Cuidado en los terrenos de la ALO. Según la @PGN_COL, las irregularidades en la etapa precontractual violarían los principios de legalidad y de buena fe, y no frenar el proceso podría derivar en la nulidad del contrato y en futuros problemas para Bogotá”, dijo el ahora alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán por medio de su cuenta de X.

Carlos Fernando Galán pidió a Claudia López seguir recomendaciones de la Procuraduría - crédito @CarlosFGalan
Carlos Fernando Galán pidió a Claudia López seguir recomendaciones de la Procuraduría - crédito @CarlosFGalan

Sobre el tema, la procuradora tercera delegada para la Contratación Estatal resaltó preocupaciones específicas tras la visita a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo), mencionando aspectos que llamaron la atención como las condiciones suspensivas y resolutorias, así como el plazo extintivo estipulado.

La funcionaria, además, añade que es imperativo definir y precisar ciertas situaciones para evitar litigios y demandas contra el Distrito que podrían detener el avance del proyecto. Se pone de manifiesto la importancia de esta claridad contractual, haciendo referencia a un precedente con el mismo contratista en el proyecto de San Bernardo.

El Ministerio Público aclara que, aunque no se opone a las políticas de urbanismo, infraestructura, transporte público o vivienda de la administración distrital, su papel como defensor del interés general lo conduce a instar a una evaluación detallada sobre la viabilidad de ejecutar el proyecto en cuestión, dadas las condiciones actuales

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