Excandidato de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín seguirá en el Concejo: esto sentenció el tribunal

Luego de que la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia admitiera y estudiara una demanda que buscaba retirar la curul del concejal de Medellín, Juan Carlos Upegui, la magistrada ponente negó la solicitud de suspensión provisional.

La petición, presentada por la veeduría Transparencia Electoral, en cabeza del ciudadano Sebastián Castaño Mesa, argumentaba que Upegui era inelegible para postularse por el Partido Independiente al Concejo, debido a que su padre, Carlos Alberto Upegui, fue asignado rector del Colegio San Lorenzo de Aburrá durante el periodo electoral.

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Sin embargo, la decisión de la magistrada fue permitir que el excandidato a la Alcaldía de Medellín continúe con su curul en el corporativo.

“Buenas noticias. Niegan las medidas cautelares que pretendían desconocer nuestro derecho a ejercer la oposición desde el Concejo de Medellín. Continuaremos firmes en la batalla por la democracia”, celebró Upegui en sus redes sociales.

Al respecto, de acuerdo con información publicada por Semana, la defensa legal de Upegui, liderada por la firma Yepes Castro y el exconsejero de Estado Alberto Yepes Barreiro, sostuvo que no se conocían motivos válidos para destituir del cargo al concejal.

La demanda, que había sido radicada en diciembre de 2023, luego de que el mecanismo de control ciudadano considerara pertinente la pérdida de investidura del político, ante la presunta inhabilidad por el nombramiento del padre de Upegui como rector del plantel educativo, lo cual iría contra la normativa que prohíbe postularse a quien sea pariente en primer grado de consanguinidad de una persona en posición de autoridad en el municipio durante los doce meses anteriores a la elección.

“La institución se encuentra adscrita a la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín, es decir, en el mismo municipio donde resultó elegido el demandado, siendo un establecimiento educativo de naturaleza pública, de carácter Distrital, con autonomía administrativa y con patrimonio independiente”, argumentó la acción judicial que presentó la veeduría, de acuerdo con la información que publicó el medio mencionado.

Como consecuencia, tras la admisión del documento, el Tribunal dispuso un periodo de cinco días para que Upegui entregara los argumentos de su defensa.

De tal modo, la decisión del Tribunal fue aprobada por algunos funcionarios y personas afines a la postura de Upegui. En especial, se conoció el pronunciamiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien destacó la necesidad de proteger a la oposición en el Concejo de la capital antioqueña, frente a una posible persecución por parte del actual alcalde, Federico Gutiérrez.

“Muy bien por la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia sala Séptima de Oralidad. Se debe proteger a la oposición ante el interés del Alcalde Gutiérrez de sacar a Upegui del Concejo para evitar el control político”, escribió Quintero.

Por su parte, el mismo Juan Carlos Upegui, el 15 de enero publicó una denuncia en sus redes sociales, en la que alegaba que no existían fundamentos para que le retiraran su curul, y que se trataba de una persecución judicial en su contra.

“Quiero informarle a la ciudad, los medios y las autoridades que se ha puesto en marcha un plan de persecución política en mi contra liderada por el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y sus partidos de gobierno en el Concejo Distrital”, expresó el concejal.

Por su parte, la alcaldía de Medellín, liderada por Federico Gutiérrez, continúa revelando los hallazgos de una auditoría forense a la gestión del exalcalde Daniel Quintero. Junto a estos resultados, Gutiérrez anunció que la Fiscalía General de la Nación ha formulado acusaciones por peculado por apropiación contra exfuncionarios de dicha administración.

Tres personas fueron nombradas específicamente: Natalia Urrego Arias, Jorge Enrique Liévano Ospina y Luz Eliana Henao Rodríguez; ellas se enfrentan a procesos penales tras el presunto desvío de fondos públicos por aproximadamente cinco mil millones de pesos destinados inicialmente al Jardín Botánico de Medellín para la atención de la emergencia sanitaria.