El Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda de Colombia le solicitaron a la Corte Constitucional anular una sentencia previa que invalidó una disposición de la nueva reforma tributaria.
La disposición prohibía a las empresas del sector de hidrocarburos disminuir las regalías pagadas del impuesto sobre la renta. Según las autoridades, la anulación de esta norma significa una pérdida de ingresos de 27 billones de pesos colombianos para el Estado.
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La apelación de ambos ministerios ante la Corte Constitucional destaca la importancia de la decisión sobre finanzas públicas. El Ministerio de Hacienda ha solicitado adicionalmente la apertura de un incidente de impacto fiscal, sugiriendo que el fallo adverso podría tener importantes repercusiones económicas para el país. Estas acciones reflejan la preocupación del gobierno por las consecuencias fiscales a largo plazo y buscan revertir una sentencia que podría restar recursos sustanciales a las arcas nacionales.
El precedente judicial al cual se enfrentan los ministerios se originó tras el análisis de la reforma tributaria, en donde se estableció que las empresas no podrían deducir las regalías pagadas del cálculo de su impuesto sobre la renta, lo cual ahora, tras la decisión de la Corte, se ha revocado. Esta medida había sido implementada por el gobierno como una manera de incrementar los ingresos fiscales.
Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha solicitado a la Corte Constitucional de Colombia una aclaración sobre la sentencia C- 489 de 2023 para esclarecer, entre otros puntos, si las empresas podrán o no deducir las regalías mineras del año en curso al momento de presentar la declaración de renta en 2024.
En detalle, la DIAN busca comprender la aplicación práctica del fallo, indagando cómo afectará el proceso de declaración de renta de las compañías, y si deberán o no pagar las regalías sin tener la opción de deducción al momento de calcular sus impuestos sobre la renta correspondientes al año fiscal 2023. La preocupación surge ante la posibilidad de un cambio significativo en el manejo fiscal de las regalías, elemento sustancial en las finanzas de las empresas del sector extractivo.
La solicitud de la DIAN a la Corte Constitucional hace parte del seguimiento a las implicaciones que la sentencia puede tener sobre el recaudo fiscal y la gestión contable de las empresas afectadas. Se prevé que la Corte provea una respuesta que oriente a las entidades y contribuyentes frente a la incertidumbre generada tras el fallo original, otorgando así claridad para el cumplimiento tributario en el periodo venidero.
La Corte Constitucional de Colombia estudiará una serie de peticiones luego del veredicto que anula la prohibición para las empresas exportadoras de restar las regalías del impuesto de renta. Este análisis se efectuará en la sesión del viernes 19 de enero, donde los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Cristina Pardo evaluarán las recomendaciones pertinentes antes de emitir una decisión final.
Durante la citada sesión, la Corte Constitucional también abordará un obstáculo legal presentado por Vladimir Fernández, el reciente magistrado del alto tribunal, quien desempeñó labores como secretario jurídico del ahora presidente Gustavo Petro durante la pasada reforma tributaria. La decisión de la Corte surge después de un reclamo de inconstitucionalidad propuesto por el representante Edward Osorio, impactando directamente en el sector exportador del país.
El fallo que será revisado revoca una restricción que afectaba a las empresas con actividades de exportación, las cuales, previo al veredicto, no podían deducir el costo de las regalías pagadas por el uso de recursos naturales, de su carga tributaria anual en el impuesto sobre la renta. La evaluación de este cambio normativo y las propuestas correspondientes recaen en la sala conformada por los magistrados Ibáñez y Pardo, quienes tendrán la responsabilidad de interpretar y esclarecer la aplicación de esta nueva directriz legal.
Qué es la deducibilidad de regalías
La sentencia sobre la deducibilidad de las regalías ha sido un punto crítico en la jurisprudencia fiscal reciente. Este fallo afecta de manera directa a las empresas que operan en múltiples jurisdicciones, ofreciendo un nuevo marco legal sobre cómo deben tratarse fiscalmente estos pagos. La resolución establece que las regalías pagadas entre empresas vinculadas tendrán un tratamiento específico en la declaración de impuestos, impactando en la carga tributaria de dichas compañías.
El fallo judicial aclara que estas regalías serán deducibles siempre que se cumplan ciertos criterios de substancia económica y que no medie un propósito principal de elusión fiscal. De este modo, las empresas deberán demostrar que las transacciones responden a una genuina razón comercial y no solamente a una estrategia para reducir impuestos. Esto significa que deben evidenciar la realidad y funcionalidad de los servicios para los que se pagan dichas regalías, así como cumplir con los requerimientos establecidos en las leyes tributarias pertinentes.
En la práctica, la implementación de esta sentencia significará para las empresas un escrutinio más detallado sobre los contratos de licencia y otros acuerdos que involucren pagos de regalías. Estos deberán ser estructurados de manera que reflejen una actividad económica legítima, con precios acordes a los que se acordarían entre partes independientes en condiciones de libre mercado.
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