Defensa del Canciller le respondió a la Procuraduría por caso de pasaportes: “No puede significar yugo disciplinario”

La información por parte del ente de control fue proporcionada a finales de diciembre del 2023, y se espera el veredicto acordado para los últimos días de enero de 2024.

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No obstante, información obtenida por El Tiempo incluyó declaraciones dadas por el abogado Yefferson Mauricio Dueñas, defensor de Leyva, quien presentó argumentos en favor de que se desestimen los cargos que ha considerado el organismo acusador contra su cliente, relacionados con la licitación desierta de un contrato adjudicado previamente a la unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons.

Por medio de un documento de 44 páginas, la defensa del jefe de la cartera de Relaciones Exteriores, justificó las acciones del canciller Leyva, entre las cuales, la más polémica y cuestionada fue la decisión de declarar desierto el proceso en el cual Thomas Greg & Sons había resultado elegible.

Como el caso alcanzó terrenos de gran calado, por ejemplo la demanda del representante legal de esta firma inglesa, con la cual solicitó una indemnización de 117 mil millones de pesos por daños, después de un fallido intento de conciliación, el jurista defensor de Leyva encontró argumentos para presentarle a la procuradora.

Dueñas argumentó que la licitación fue declarada desierta con base en el apego al estatuto de contratación y en la defensa de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal.

El documento, citado por el mencionado medio periodístico, indicó que “El doctor Álvaro Leyva era competente para suspender la audiencia de adjudicación. La declaratoria de desierta de la licitación pública obedeció a que el proceso de escogencia se estructuró de manera tal que no se garantizaba el principio de selección objetiva, de manera que se realizó en apego estricto a lo previsto en el estatuto de contratación”.

A su vez, la defensa insistió en que la decisión de declarar desierta la contratación buscaba salvaguardar la constitución y la normativa legal vigente.

Dueñas afirmó que no se puede reprochar la conducta de Leyva desde un punto de vista disciplinario y que ninguna autoridad judicial ha suspendido o anulado la decisión. La acción de urgencia manifiesta tomada para contratar servicios de suministro de pasaportes y visas mientras se organiza una nueva licitación también fue defendida como legal y debidamente motivada por el canciller, como citó El Tiempo al abogado.

“El hecho de que algunos no compartan esa valoración, aunque respetable, de ninguna manera puede significar el yugo disciplinario, menos aún cuando esta decisión (que se presume legal), no ha sido ni suspendida ni anulada por la juristicción contencioso-administrativo, ni por ninguna autoridad judicial”.

De esa manera, los detalles presentados por Dueñas cuestionaron la posición de la Procuraduría General de la Nación, que según el documento, parece reprochar la suspensión de la adjudicación llevada a cabo por Leyva Durán al no estar aparentemente autorizada por normativa alguna.

“Es un acto también moticado de manera amplia; mi mandate expresó los fundamentos de hecho y de derecho que lo llevaban a tomar esa decisión. De hecho, el proceso contractual se llevó a cabo con quienes venían adelantando la emisión de pasaportes, lo que prueba que la declaratoria de desierta de la licitación de ninguna manera obedeció a razones subjetivas”.

De tal modo, el caso está en manos de la Procuraduría, que deberá determinar si existió alguna irregularidad por parte del funcionario y tomar una decisión en los últimos días del primer mes del 2024.