El Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla realizó diligencias de allanamientos en la cárcel Distrital El Bosque, para recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física relacionados con hechos de homicidio y lesiones personales que vienen afectando la seguridad de los ciudadanos.

En el operativo las autoridades descubrieron lo que sería un sistema de llamadas ilegal, pues se incautaron 50 celulares, 50 cargadores, 70 tarjetas sim, con las cuales desde el centro carcelario estarían realizando llamadas extorsivas a los comerciantes y empresarios del área metropolitana.

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Uno de los celulares fue decomisado a un recluso conocido con el alias Isac, presunto miembro de la estructura criminal de Los Costeños, liderada por alias Quesero o M19.

Según las autoridades, este individuo sería responsable de ordenar homicidios relacionados con el tráfico local de estupefacientes y ataques contra negocios en la ciudad.

De igual forma, las autoridades capturaron a un individuo por presunto tráfico de estupefacientes, incautándole 1.555 gramos de marihuana y 215 gramos de base de cocaína.

Esta diligencia se realizó en seis pasillos donde se encuentran 386 personas privadas de la libertad.

De acuerdo con el brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el operativo también contó con el apoyo del grupo de carabineros con los guías caninos, de la Dirección de Inteligencia Policial, las Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (SIJIN), la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (GUDMO) y el Ministerio Público.

Además, reconoció el resultado como un importante logro contra la extorsión, “porque el material incautado impacta a estos grupos delincuenciales, teniendo en cuenta que se encontró uno de los celulares donde se pudo apreciar que se dinamizaba estos cobros extorsivos a los diferentes comerciantes de la ciudad de Barranquilla”.

El oficial envió un mensaje a los diferentes gremios de comerciantes del Distrito de Barranquilla y su área metropolitana para que denuncien a las personas que los están extorsionando. “El mensaje es: no pague, denuncie. No dejes que te engañen, juntos prevenimos la extorsión”, dijo el brigadier Benavidez.

Para hacerle frente a este tipo de delitos, dijo que se continuará emitiendo información a los comerciantes con el sistema de denuncia a través del código QR e invitando a “denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad y seguridad de los mismos a la línea del Gaula 165″.

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento de los casos de extorsión dentro de las cárceles desde 2020, año en el que los colombianos reportaron 8.188. De ahí en adelante, los casos incrementaron de la siguiente forma: durante 2021, se presentaron 8.342; en 2022, 9.791, y en el 2023, 9.871.

Y es que, algunos directores de los establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población privada de la libertad, como ha venido ocurriendo en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarias de Palogordo y Modelo, en Santander, pero también en otros centros de reclusión del país.

De los 125 establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), únicamente en 16 ha sido instalado el sistema de inhibición de señal, sin embargo, de ellos solo en seis funcionan los inhibidores y con tecnología 2.5G.

Por ello, la entidad defensora de los derechos humanos hizo un llamado al Inpec a consolidar convenios con las empresas operadoras del servicio de telefonía celular.

El fin es que permitan generar mecanismos de prevención, como la identificación en los equipos de comunicación de los ciudadanos de las llamadas de celular que sean realizadas desde los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

“(...) solicitamos una mayor articulación entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de que implementen con urgencia planes efectivos, idóneos y eficaces para contrarrestar los casos de extorsión y amenazas que se han presentado en las cárceles colombianas”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.