Fiscalía le imputó cargos a Jorge Liévano, gerente de Metroparques durante la alcaldía de Daniel Quintero

Jorge Liévano, exgerente de Metroparques y parte de la administración de Daniel Quintero en Medellín, ha sido imputado por la Fiscalía General de la Nación debido a presuntas anomalías en la gestión del Presupuesto Participativo relacionado con la recreación en el año 2020. A este proceso de imputación se suma la investigación a una empresa de eventos y logística contratista.

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La imputación marca la segunda ocasión en menos de 24 horas que Liévano enfrenta acciones judiciales, lo cual pone en evidencia la continuidad de las investigaciones sobre presunta corrupción que afectó el manejo de fondos públicos durante la anterior gestión municipal en Medellín. Los detalles del caso señalan posibles desvíos o manejos inadecuados de los recursos destinados a iniciativas comunitarias en el sector del ocio y entretenimiento.

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín “entre agosto de 2020 y diciembre de 2022, mediante un primer contrato interadministrativo, el Inder habría entregado a Metroparques más de 24 mil millones de pesos, el cual debía ser invertido en actividades recreativas y deportivas de las diferentes comunas de Medellín (Antioquia)”.

Añaden que “se evidenció que existió una falsa motivación en los estudios previos, para que fuera Metroparques la administradora de los recursos y que ésta a su vez, a través de invitación privada a tres contratistas, seleccionara a la empresa CYAN Eventos y Logísticas S.A.S., quien terminó ejecutando el contrato. Con este comportamiento se habrían vulnerado los principios de objetividad y transparencia consagrados en la ley 80 de 1993″.

Se presume que podría haber un posible desfalco por más de 3.700 millones de pesos en la entidad Metroparques. Según las investigaciones, Álvaro Liévano y Mauricio Jaramillo Botero, este último en calidad de representante legal de Cyan Eventos y Logística, habrían ejecutado maniobras ilícitas entre el 4 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 para apropiarse de fondos destinados a obligaciones contractuales con la empresa pública.

El caso, bajo la dirección de Yiri Milena Amado, fiscal en Medellín, indica que se utilizó un proceso de selección poco transparente. Los implicados habrían motivado falsamente a Metroparques para disponer de recursos y favorecer a Cyan Eventos y Logística mediante invitaciones privadas excluyentes. El proceso comprometió al menos otras dos compañías en una elección que ha llamado la atención de la justicia colombiana.

La fiscal Amado ha señalado que este esquema habría vulnerado “los principios de lealtad y transparencia” que exige la ley 80 de 1993. Además, la investigación preliminar sugiere que el perjuicio económico para la entidad pública ascendería a más de 3.000 millones de pesos, con base en las indagaciones realizadas por la Policía Judicial en el transcurso de la ejecución contractual. ”Con las labores adelantadas por la Policía Judicial, durante la ejecución del contrato, al parecer, hubo detrimento patrimonial superior a los 3.000 millones de pesos”, señaló Amado.

Según las indagaciones se evidenció un desembolso anticipado de 11.000 millones de pesos (aproximadamente 2.9 millones USD), correspondiente a un contrato de 25.000 millones de pesos, pese a que un contrato previo de más de 19.000 millones de pesos aún no había sido finalizado.

Además del peculado, los sospechosos enfrentan acusaciones por delitos contra la administración pública, la adjudicación de contratos sin cumplir con los requisitos legales y interés indebido en la celebración de contratos. Estas medidas vienen como un esfuerzo de las autoridades colombianas por combatir la corrupción al interior de sus entidades gubernamentales. Ni Liévano ni Jaramillo Botero han aceptado los cargos imputados por la Fiscalía, marcando una clara posición frente a las acusaciones presentadas.

Estos sucesos recalcan la importancia de mecanismos rigurosos de fiscalización y rendición de cuentas ante la sociedad para prevenir y sancionar posibles actos de corrupción en todas las ramas del gobierno. La Fiscalía continúa con las investigaciones correspondientes, enfocando sus esfuerzos en desentrañar todas las capas de este complicado caso.