El Centro Democrático, en cabeza del senador Enrique Cabrales, busca eliminar dos proyectos de ley que fueron aprobados junto con la reforma tributaria para contrarrestar los malos hábitos que surgen por el consumo desmedido de los “alimentos” ultraprocesados; y de los plásticos de un solo uso, con el que buscan desestimular el uso de los plásticos que genera basura irreparable al planeta.
Para el senador, la medida no genera los efectos esperados y, por el contrario, encarece la vida de los colombianos y afecta a las pequeñas y medianas empresas dedicadas al plástico:
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“Se espera un impacto directo en el costo de vida y la dinámica económica del país. Este gravamen afecta a 21 artículos esenciales de la canasta familiar, generando sobreprecios y desafíos financieros para los hogares”, indicó Cabrales en su proyecto, y agrega: “El argumento principal es disminuir el consumo y volver a los colombianos más saludables, pero, la inflación de estos productos en 2022 superaba el 10 % y la demanda no cayó en ningún mes del año”.
El senador del Centro Democrático sostuvo que el impuesto no puede ser implementado, simplemente por “un capricho del gobierno de turno”:
“Que no observa los límites que para el legislador impone el núcleo esencial del derecho fundamental a la libertad. En tanto, tener la posibilidad de elegir el qué comer o beber, indistintamente de ser un alimento nutritivo o no, es un asunto que le corresponde al fuero interno del individuo como persona, y no le es dable al aparato estatal inmiscuirse en tales asuntos. De tal manera, que la imposición de tales gravámenes al individuo no obedece a criterios constitucionales, y, por el contrario, sí a un capricho del gobierno de turno, que lo propuso, y al legislador, que lo secundó y aprobó”, indicó en el proyecto presentado.
Para el senador, la mejor medida para combatir los malos hábitos que derivan en enfermedades que deben ser costeadas principalmente el Estado, es realizar campañas de concientización, en vez la tributación: “Si bien es plausible trabajar en políticas de salud pública que propendan por promover hábitos saludables, el camino no es la tributación (que se ha dicho, raya con el desconocimiento del orden constitucional), sino, por el contrario, la implementación de políticas públicas eficaces dirigidas a la prevención de enfermedades derivadas de malos hábitos alimenticios”.
A propósito, salió a la luz una investigación elaborada por Sapien Labs en 2023, que reveló las graves consecuencias del alto consumo de alimentos ultraprocesados.
El estudio Consumo de alimentos ultraprocesados y efectos en el bienestar mental halló que los malos hábitos derivados del sedentarismo, el poco consumo de frutas y verduras, además del alto consumo de ultraprocesados, que puede desarrollar en las personas problemas en su salud mental.
“Es un estudio que sirve como llamado a un cambio social, hacia ser conscientes de que una dieta menos ultraprocesada puede jugar un papel sustantivo en mitigar la carga de la salud mental”, puntualizó Tara Thiagarajan, fundadora y científica jefe de Sapien Labs.
De otro lado, en el proyecto de los plásticos de un solo uso, el senador enfatizó en que la medida es poco significativa para el medio ambiente, pero lo que sí generaría es la afectación de 2.400 micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales generan 250.000 empleos directos y un millón de indirectos, según lo citado por Cabrales con información de Acoplásticos: “Se estima que genera un incremento en los costos de logística y operación de todas las empresas y comercios en Colombia, dado que los plásticos para empacar, embalar o envasar, dinamizan la economía nacional en muchos otros sectores”.
Cabrales enfatizó en que en estos productos, habría un incremento del 4,1% en el precio al consumidor final, además, indicó que la ley no es clara ni entendible para su aplicación: “Tanto empresas productoras como ciudadanos del común, e incluso la Procuraduría, solicitaron a la Corte Constitucional su retiro, al considerarlo inconveniente y contraproducente. Se presentaron diversas demandas que alegan falta de claridad de la Ley para definir los elementos esenciales, una cuestión que hace imposible determinar cómo debe aplicarse”, concluyó el senador.