Un hombre fue descubierto con una mujer secuestrada en su propia casa: también tenía una pistola con silenciador

En el marco de operativos de control ejecutados por el CAI de Policía La Libertad, en Pereira, se llevó a cabo la aprehensión en flagrancia de un hombre de 50 años, acusado de poseer armas de fuego de forma ilegal y cometer falsedad personal.

Pese a sus acusaciones, según la información suministrada por la Policía Nacional, el hombre tenía sometida a una mujer y en el momento de la confrontación, apuntó a los uniformados.

La intervención tuvo lugar cuando los agentes realizaban patrullajes por la zona. Al llegar a unos edificios residenciales, los uniformados fueron alertados por algunos gritos de auxilio procedente de un apartamento. Al momento de ingresar y llamar a la puerta, luego de unos minutos y en vista de la no respuesta de quienes se encontraban adentro, los uniformados decidieron ingresar de forma forzosa.

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Dentro del apartamento, en una de las habitaciones, descubrieron al hombre, cuya identidad no fue revelada, inmovilizando a una mujer. Al percatarse de la presencia policial, el individuo desenfundó un arma de fuego, apuntando a los uniformados. La situación demandó el uso proporcional de la fuerza para reducirlo y desarmarlo.

En el proceso, se decomisó una pistola de fabricación industrial calibre 7.65 milímetros, un silenciador, un cargador y cinco cartuchos.

Es relevante señalar que, al momento de su detención, el sujeto proporcionó una identificación falsa, siendo posteriormente descubierta su verdadera identidad tras la verificación de datos por parte de las autoridades.

Hasta el momento, se conoce que el hombre tuvo una audiencia pública, en la que al ser detenido no aceptó los cargos y recibió medida de detención domiciliaria por decisión judicial.

“Invitamos a la comunidad a continuar informando cualquier actuación que afecte la convivencia y seguridad ciudadana, a través de la línea única de emergencias 123, o a los números de celulares 3143587212 de la Seccional de Inteligencia Policial y 3203057117 de la seccional de investigación criminal”, se lee en un comunicado de la Policía Nacional que incita a la comunidad en general a denunciar este tipo de hechos violentos.

El Juzgado Décimo Penal Municipal de Pereira sancionó al alcalde Mauricio Salazar Peláez y a la secretaria de Desarrollo Social encargada, Diana Cristina Grisales, con arresto de cinco días y una multa de diez salarios mínimos, equivalente a $13.000.000, por no acatar un fallo de tutela en favor de habitantes de calle en Pereira.

La decisión, que responde a la vulneración de derechos fundamentales, incluye la orden de cumplir con la asistencia a los afectados, que debía haberse garantizado hasta el 20 de enero de 2024.

El conflicto empezó cuando los beneficiarios del programa dirigido por la alcaldía y la Asociación Ciudad Futuro, fueron notificados del fin del contrato justo antes del cierre de 2023. La tutela interpuesta por la situación dictaminó medidas urgentes dentro de las 48 horas posteriores al 29 de diciembre. Sin embargo, el desacato fue evidente al no implementarse tales medidas para el 2 de enero, lo que resultó en una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación de posibles delitos de los funcionarios implicados y reflejando la inacción municipal ante la población vulnerable.

En un contexto más amplio, ocho gobernadores de Colombia están siendo investigados por el Consejo de Estado por presuntas doble militancia y otras irregularidades electorales. Entre los casos destacados se encuentra el del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, acusado por Miguel Alberto Vergara Sandoval, en medio de denuncias que podrían anular las elecciones de los mandatarios afectados si las acusaciones resultan ser comprobadas.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se enfrenta a una demanda que propone la anulación de las elecciones tras acusaciones de “ataques sucios” y fraude presentadas por su opositor Luis Pérez. Además, otros gobernadores como Erasmo Zuleta de Córdoba, Rafael Martínez de Magdalena, Nubia Córdoba de Chocó, Rafaela Cortés Zambrano de Meta y Carlos Andrés Marroquín de Putumayo están siendo cuestionados por alinear su apoyo electoral con partidos contrarios a los que representan oficialmente.