La Fiscalía General de la Nación tiene bajo la lupa a 72 personas por la presunta financiación o nexos con grupos paramilitares en el norte de Colombia. En el listado habría empresarios, ganaderos y otros ciudadanos.
Los nombres de las personas investigadas aparecen en cuatro expedientes del ente acusador que están “relacionados con unos terceros que promocionaron o financiaron el paramilitarismo y hoy están respondiendo ante las autoridades colombianas”, le dijo Salomón Strusberg, jefe de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, a Noticentro 1 CM&.
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En el listado de personas aparecen el presidente y expresidente de la multinacional Drummond, empresarios que financiaron el bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), financiadores del bloque Calima y ganaderos que estarían implicados en el desplazamiento forzado de más de 844 personas.
Según Strusberg, las razones para llamarlos a juicio es por haber promocionado o financiado el paramilitarismo. “Creo que hay casos muy importantes, como el de la multinacional Drummond, que financió el frente Juan Andrés Álvarez, de las Autodefensas; hay casos muy importantes, como el de los desplazamientos ocurridos en la cuenca ribereña de Curvaradó y Jiguamiandó, más de 800 víctimas fueron desplazadas para montar allí proyectos productivos de siembra de palma africana”, manifestó.
De acuerdo con información de Noticentro 1 CM&, las 72 personas que serían llamadas a juicio por la Fiscalía deberán responder ante la justicia bajo el antiguo sistema penal colombiano, la ley 600.
El 29 de diciembre, Strusberg ya había hablado, en El Tiempo, del llamado a juicio al presidente y expresidente de Drummond, y advirtió que se le imputará el cargo de concierto para delinquir en la modalidad de promover y financiar estructuras armadas ilegales, delito que, señaló, no prescribe.
“El delito que se ha imputado es concierto para delinquir en la modalidad de promover y financiar estructuras armadas ilegales. Este es un delito que se ha declarado por parte del fiscal como de lesa humanidad, es decir, tiene el carácter de imprescriptible, y la tesis que maneja la Fiscalía es que estos dos funcionarios se prestaron deliberadamente para financiar el frente Juan Andrés Álvarez para obtener seguridad a cambio de una financiación que estaba disfrazada dentro de su contabilidad”
Los nombres de los implicados
En la entrevista con El Tiempo, Strusberg reveló el nombre de las personas que hacen parte del listado y aclaró que es “una información que no tiene reservas”.
También dijo que con resolución de acusación están: “Luis Fernando Castro Botero, Carlos Alfonso Spath García, Mario Fernando Prado López, Hernán Iñigo De Jesús Gómez Hernández, Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo; y Diego León Montoya Sánchez, alias don Diego”. Todos estos relacionados con el bloque Calima de las AUC.
También dijo que entre las personas relacionadas con el Bloque Suroeste de las AUC están Hernando Mario Restrepo Osorio y Fabio Osvaldo Restrepo Osorio, que son hermanos; mientras que por la financiación del bloque Catatumbo está Pedro Luis Barriga. Y en el caso del bloque Centauros de las AUC, Strusberg dijo que hay registros de una financiación efectuada por la multinacional Perenco. “Allí tenemos acusado a Luis Felipe Castillo, gerente de relaciones con la comunidad, y Ramiro Pinzón, supervisor de tierras”, señaló.
Finalmente, Strusberg advirtió que también están vinculados el gerente general de Maderas del Darién, Jorge García Mezquita; al gerente administrativo, Jaime Guillermo Hernández, al gerente de operaciones, Saúl Buriticá; al gerente de recursos humanos, Iván de Jesús Aguirre. A estos nombres hay que añadirle los de la ganadera y bananera de Urabá, Claudia Ángel Argote; a los ganaderos Antonio Argote y Rafael Argote; así como a alias Gordo Pepe, exparamilitar cercano a la casa Castaño.