El senador Carlos Fernando Motoa denunció que la ley que prohibe el uso de biopolímeros en Colombia lleva meses sin ser implementada y que los esfuerzos por parte del Ministerio de Salud por abordar la problemática no han sido suficientes.

Motoa, que impulsó la iniciativa en el Congreso de la República, señaló una presunta falta de compromiso y dilación por parte del Ministerio de Salud, pues han pasado cinco meses desde que fue sancionada y no ha sido ejecutada.

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“Vencidos los 3 meses otorgados por la Ley 2316 de 2023 #SinBiopolímerosSinVíctimas confirmamos que han sido insuficientes las acciones del Ministerio de Salud para su implementación. Las víctimas no pueden esperar más para ser atendidas y no podemos permitir que las cifras aumenten, por eso solicito al Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo que sin más dilación”, escribió el senador de Cambio Radical en su cuenta de X (antes Twitter).

Por ello, instó al Ministerio de Salud y a otras entidades del Gobierno a poner en marcha acciones inmediatas que permitan enfrentar el daño que causa este tipo de materiales en las personas. Así las cosas, solicitó que:

1. “El Invima concrete el listado de sustancias modelantes permitidas;
2. El Ministerio incluya dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS) tratamientos para el retiro de la sustancia;
3. Disponga de un sistema de información interoperable que incluya un registro para el control de ventas de esas sustancias.
4. Implemente las estrategias de promoción y prevención correspondientes. Ministro, le recuerdo que de la correcta y oportuna implementación de la Ley depende su efectividad”.

En la respuesta enviada por el despacho del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo al derecho de petición instaurado por el senador Carlos Fernando Motoa, el Ministerio de Salud reconoció que la estrategia de implementación de la ley que prohíbe el uso de biopolímeros en Colombia todavía no está lista:

“ (...) la Dirección de Promoción y Prevención de este Ministerio, responsable de diseñar e implementar la estrategia de promoción y prevención sobre los riesgos y daños a la salud humana derivados de la aplicación de sustancias modelantes no permitidas, informó que en los meses de noviembre y diciembre de 2023, formuló el plan de trabajo y se conformó el equipo técnico para la elaboración de la política, la cual, actualmente se encuentra en la etapa de creación”.

De acuerdo con la cartera, el Invima no les ha dado respuesta sobre las iniciativas de educación sanitaria, no se ha publicado el listado de instituciones autorizadas a realizar procedimientos estéticos y tampoco la de sustancias modelantes que sí estarían permitidas.

El 23 de agosto de 2023, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la Ley 2316 de 2023 que establece un marco normativo para proteger a las víctimas de biopolímeros en el país.

Dicha norma creó el tipo penal de lesiones personales con sustancias moldeantes no permitidas de acuerdo al listado que expida el Ministerio de Salud, junto al Invima. Las personas que inyecten ese tipo de elementos en el cuerpo de otra persona podrían ser condenadas de dos y medio hasta 10 años de prisión, con multas de hasta $250 millones.

Con la ley se creará un registro legal de centros estéticos y profesionales para que las personas interesadas en cirugías estéticas se puedan informar y se garantizará el tratamiento tanto psicológico como físico para aquellas que hayan resultado afectadas por procedimientos con uso de biopolímeros o sustancias moldeadoras prohibidas.

Los servicios estarán incluidos en Plan de Beneficios en Salud (PBS), tanto en régimen contributivo como subsidiado, y deberán incluir la extracción o manejo de la sustancia en el cuerpo, rehabilitación, medicamentos.