Congresista del Pacto Histórico Pedro Suárez Vacca es investigado por corrupción: esta es la carta que lo tiene en problemas

La investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia señala que el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Pedro Suárez Vacca presuntamente tuvo vínculos con una red de corrupción dentro de los juzgados de Tunja, cuando se desempeñaba como juez quinto.

Se conocieron nuevos detalles de la investigación que decidió abrir la Corte Suprema de Justicia desde agosto de 2023 en contra del actual congresista. Ahora podría haber más funcionarios judiciales vinculados a una presunta red que alteró el reparto de los procesos y la entrega de posibles coimas para conseguir decisiones judiciales favorables.

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La investigación contra Suárez Vacca inició en el 2010 cuando el coordinador de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja-Boyacá, Alberto Aconcha Cuadrado, denunció irregularidades en el reparto de un proceso con el radicado N 12428, según reveló W Radio.

El proceso debía corresponder al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, pero luego de que el coordinador se ausentara de su puesto, terminó asignado al Quinto, el despacho de Pedro Suárez. Una situación que fue advertida por el funcionario judicial como una alteración de los sistemas de cómputo.

Hasta este hecho llegó la Corte en la investigación por una irregularidad que estaría relacionada con las decisiones que tomó respecto a la pena del narcotraficante Lelio Nevardo Ávila Santana en el 2008. Como juez de ejecución de penas, decidió concederle la prisión domiciliaria pese a que también se encontraba tras las rejas por el delito de secuestro.

En medio de ese proceso se conoció una carta en la que le pide no comunicarse con él por llamadas telefónicas ni reunirse. En ella, además, le dice que una persona identificada como John es la única autorizada para hablar con ambos.

“Agradezco que no se comunique a mis celulares, pues definitivamente es mejor evitar sorpresas (no dar papaya). Espero que todo esté bien para usted y su familia asi como para sus hijos. Cuando yo vea que es posible busco la manera de que nos veamos por ahora es mejor por esta via y Jhon está autorizado para hablar con usted de mi parte solo él). Usted entenderá igualmente que no puedo recibir a nadie más ni atender otro asunto, pero cuando yo vea que todo está en situación normal vemos cómo nos comunicamos más directamente”, dice el documento.

La carta, revelada por Cambio, está firmada por Suárez Vacca, escrita a mano en una hoja cuadriculada tipo examen. Además, no tiene fecha, pero cuenta con la impresión de un sello de la Notaría Tercera del Circuito de Tunja fechado en 15 de septiembre de 2010.

Esa misiva fue cotejada por los peritos judiciales que en un informe señalaron que la letra comparada con otras de Suárez Vacca eran uniprocedentes, es decir, las hizo la misma persona. Así mismo, de acuerdo a lo revelado por W Radio, las firmas de Ávila Santana también corresponden a otras de él, por lo que se probaría que sostuvieron correspondencia.

Otra de las pruebas que tiene la Corte es el testimonio de un escolta llamado John, quien le habría dicho a los magistrados y a la Fiscalía que fue testigo de una reunión presencial entre Vacca y Ávila en un café del centro de Bogotá, cerca del palacio de Justicia. Ambos habrían permanecido todo el día juntos, e incluso visitaron la casa del condenado narcotraficante.

El guardaespaldas dice que escuchó a Ávila hablar de ofrecimientos de dinero a Suárez y luego este le entregó maletines para guardar en el carro. Así mismo, meses después señaló que el entonces juez le solicitó viajar a Bogotá para reunirse con el condenado narcotraficante, quien le entregó un sobre manila para llevarlo a su jefe.

En una tercera oportunidad, aparentemente se habría entregado la carta que tiene en líos a Suárez Vacca. En el testimonio del escolta, asegura que en esa ocasión entregó la misiva a Ávila Santana, quien se la devolvió con fajos de billetes en efectivo. Él decidió quedarse con el documento.

Por esa razón la Corte, según reveló el medio citado, considera que el ahora representante, entre 2008 y 2012, “se asoció presuntamente con funcionarios del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Pena y Medidas de Seguridad de Tunja (...) para configurar una estructura criminal enfocada a la ejecución de una multiplicidad de infracciones punibles, como manipular el reparto de los Juzgados de Ejecución de Penas de Tunja, contar con acceso a los expedientes que le interesaba tener a cargo, otorgar beneficios en materia punitiva a cambio de la entrega de importantes sumas de dinero”.