A contratistas del Ministerio de Trabajo los tienen trabajando gratis: denuncian incumplimiento en los pagos

Una contratista del Ministerio de Trabajo, identificada como “Camila”, denunció retrasos en los pagos debido a la falta de aprobación del plan anual de contrataciones.

Según su relato que realizó a La W, se le había asegurado que sería recontratada en la primera semana de enero y se encontró con la solicitud de realizar ajustes en su documentación por parte de una abogada de la entidad.

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La mujer explicó que se enfrenta a una demora en su contrato ya que el Ministerio de Trabajo aún no cuenta con el plan anual de contrataciones aprobado. Esta situación afecta no solo su situación laboral sino también la de los abogados de la oficina de contratación, encargados de formalizar los contratos, quienes aún no han sido contratados.

“Me dice que mi contrato se demora porque la entidad no tiene aprobado el plan anual de contrataciones”, señaló la contratista al medio citado refiriendo las palabras de la abogada con la que contactó.

Adicionalmente, la contratista expresó su sorpresa al descubrir que la funcionaria de contratación trabajaba sin un contrato formal. Tras cuestionar esta irregularidad, fue informada de que la jefa de la oficina había instruido a la funcionaria a demostrar su interés trabajando en el Ministerio para agilizar la formalización de su contrato.

“La jefe de la oficina de contratación le ordenó ir al Ministerio a gestionar y hacer su propio contrato si quería ser contratada”, comentó Camila, citando a la funcionaria involucrada.

La contratista también indicó que esa misma funcionaria había reconocido que la situación que se viene presentando en el Ministerio no era legal, pero que la única motivación para hacerlo era sostener a su familia y que para lograr que la contrataran más adelante, se encontraba trabajando gratis desde la primera semana de enero, hasta llegar al punto de tener que gestionar su contrato por cuenta propia.

Felipe, otra de las personas afectadas, reveló en La W que continúa asistiendo a sus labores en el ministerio con la esperanza de que esto le asegure la prioridad en la firma del contrato pendiente.

Según lo manifestado, la falta de aprobación del plan anual de contrataciones ha impedido la expedición de certificados de disponibilidad necesarios para la contratación formal. La situación se complica aún más al no tener garantías de que el trabajo no remunerado derive en un contrato legal.

Los afectados también enfrentan problemas con requisitos de salud ocupacional; un examen preocupacional realizado el año pasado, cuya vigencia es de tres años según la ley, ha sido declarado inservible por la abogada de contratación del ministerio debido a que no especifica el estado de la salud visual y osteomuscular de los contratistas.

Este imprevisto supone un gasto adicional cercano a los 100.000 pesos, un costo difícil de asumir para aquellos que no han recibido pago por su trabajo en diciembre de 2023. Así mismo, Felipe expresó su inquietud: “No tengo el dinero para pagar un examen que vale casi 100.000 pesos”, ilustrando la crítica situación financiera que enfrentan en la actualidad los contratistas.

Este caso pone en evidencia deficiencias y posibles irregularidades en los procesos de contratación y cumplimiento de requisitos legales en el Ministerio de Trabajo, así como la precariedad laboral a la que se enfrentan profesionales que tienen la responsabilidad de sostener a sus familias.

Lo que ocurre en el Ministerio deja la descubierto una problemática en los procedimientos de contratación dentro de la administración pública, evidenciando el limbo laboral en que se encuentran varios trabajadores a la espera de la resolución y aprobación de los planes contractuales.

Se evidencia una situación en la que los empleados deben mostrar proactividad para asegurar su vinculación, lo que podría interpretarse como una práctica no oficial para la gestión de contratos. Por el momento el Ministerio de Trabajo aún no ha emitido una declaración oficial al respecto, aclarando la situación de los contratistas que prestan sus servicios en esta cartera.