En la tarde del lunes 15 de enero de 2024, un juez de Control de Garantías imputó a dos exfuncionarios y una contratista vinculados al caso de corrupción en el contrato Zonas Verdes, que fue dado a conocer por un grupo especial de fiscales e investigadores de la Fiscalía General de la Nación en noviembre de 2023.
Los funcionarios imputados fueron el exgerente de Metroparques Jorge Liévano, la exsecretaria de Infraestructura de Medellín Natalia Urrego y la representante de Reforestadora El Liébano, Luz Eliana Henao, como presuntos responsables de asociación para cometer delitos contra la Administración Pública, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
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En la audiencia, un fiscal de la seccional de Medellín explicó que entre febrero y noviembre de 2020, los exfuncionarios se habrían asociado para ordenar irregularmente el traslado de 5.000 millones de pesos del presupuesto del Jardín Botánico de la capital antioqueña a Metroparques para la supuesta atención de la emergencia por covid-19
Según explicó el fiscal, luego de las investigaciones se evidenció que los recursos trasladados, al parecer, fueron utilizados para el mantenimiento de varias zonas verdes de Medellín y no para la atención de la pandemia.
“Para la adjudicación del contrato habrían sido invitadas, de manera privada, tres empresas de un mismo núcleo familiar (Mascampo SAS, Construgeo y Reforestadora El Libano SAS) para trasladarles los recursos públicos de la administración municipal”, explicó la Fiscalía.
Ninguno de los tres imputados aceptó los cargos, por lo que el juez 32 Penal Municipal con función de garantías será el encargado de determinar la fecha en la que continuará el proceso de uno de los seis contratos que la Fiscalía General de la Nación investigó por corrupción.
Contrato Zonas Verdes
El contrato firmado en octubre de 2020 por la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín con Metroparques con valor de 5.250 millones de pesos con la finalidad del manejo de las zonas verdes de Medellín.
El problema estuvo en que luego de una investigación de la Fiscalía General de la Nación se conoció que Metroparques, en una invitación privada, convocó a tres empresas de un mismo núcleo familiar y escogió así a la que ejecutaría el contrato.
“Por este caso se imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a la exsecretaria de Infraestructura Natalia Urrego Arias; al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano y a la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez”, explicó el ente investigador.
Corrupción en otros contratos
El jueves 9 de noviembre de 2023, la Fiscalía General de la Nación solicitó imputar a siete exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y a seis particulares por irregularidades en seis contratos que fueron investigados por un equipo especial.
De acuerdo con el ente investigador, las irregularidades fueron encontradas por la seccional Medellín y la Dirección Especializada contra la Corrupción al revisar varios contratos de alimentación, infraestructura y asistencia logística firmados en 2020.
El fiscal General de la República, Francisco Barbosa, explicó que la investigación se llevó a cabo luego de recibir varias denuncias en las que se relacionaban los hechos de corrupción, lo que llevó al ente investigador a crear un grupo especial de fiscales e investigadores.
“Esta es una primera fase de la tarea que se le encomendó al grupo especial de fiscales e investigadores en la lucha contra la corrupción en la ciudad de Medellín derivado de un cúmulo de denuncias que se recibieron y se han venido recibiendo en el último año”
Barbosa agregó que las anomalías encontradas por el grupo especial superan los 67.586 millones de pesos, por lo que no se descartaron posibles actos de corrupción.
Aparte del de Zonas Verdes, los contratos investigados por la el grupo especial de fiscales son:
- Mantenimiento ‘Parque de las Aguas’: el ente investigador explicó que Metroparques subcontrató con tres empresas creadas entre 2019 y 2021, inclusive, una de ellas se dedicaba a la comercialización de telas. El valor de los contratos asciende a 17.439 millones de pesos
- Apoyo logístico: el contrato debió durar dos meses, pero recibió tres adiciones presupuestales injustificadas, por lo que su valor se incrementó a 24.205 millones de pesos; como también, se realizaron varias prórrogas que prolongaron el plazo de ejecución hasta julio de 2022.
- Componente de atención: las pesquisas de la Fiscalía dieron como resultado que se generaron pagos a personas que no tenían relación con el contrato, pero figuraban en los documentos como si hubieran prestado los servicios que no se ejecutaron, lo que habría causado un detrimento por 1.400 millones de pesos.
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