Extorsión en Colombia creció en los últimos cuatro años, estas son las cifras de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno para que trabaje en la implementación de medidas efectivas para contrarrestar la inseguridad en Colombia, específicamente lo relacionado con el delito de extorsión.

De acuerdo con el portal Siedco de la Policía Nacional, sobre estadística delictiva, la extorsión en el país ha ido en aumento en los últimos cuatro años, y al comparar el número de casos entre 2020 y 2023, la cifra de la conducta criminal tuvo un incremento del 20,5%.

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Lo anterior, se evidencia en las cifras desde 2020, año en el que los ciudadanos colombianos reportaron 8.188 casos. De ahí en adelante, los casos incrementaron de la siguiente forma: durante 2021, se presentaron 8.342 casos de extorsión; en 2022, 9.791, y en el 2023, 9.871.

Los departamentos donde más se presentaron denuncias por extorsión se concentraron en Cundinamarca, con 1.827 casos; Antioquia, con 1.725; Atlántico, con 1.227; Valle del Cauca, con 1.010 y Norte de Santander, con 25 casos.

“Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, expresa el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Además, la Defensoría denunció que algunos directores de los establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población privada de la libertad, como ha venido ocurriendo en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarias de Palogordo y Modelo, en Santander, pero también en otros centros.

“Si bien valoramos la ‘Operación Dominó’, liderada por el Inpec, se requiere un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno nacional para que haya una modernización del sistema penitenciario en tecnología de punta 4G o 5G, sobre todo porque, además de que hay pocos inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles, los que existen tienen tecnología obsoleta 2.5G”, indicó el defensor del Pueblo.

De los 125 establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), únicamente en 16 ha sido instalado el sistema de inhibición de señal, sin embargo, de ellos solo en seis funcionan los inhibidores y con tecnología 2.5G.

“Combatir ese delito requiere una actuación conjunta y coordinada desde las diferentes instituciones del Estado, es por ello que solicitamos una mayor articulación entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de que implementen con urgencia planes efectivos, idóneos y eficaces para contrarrestar los casos de extorsión y amenazas que se han presentado en las cárceles colombianas”, fue el otro llamado de Carlos Camargo Assis.

La entidad defensora de los derechos humanos también hizo un llamado al Inpec a consolidar convenios con las empresas operadoras del servicio de telefonía celular.

El fin es que permitan generar mecanismos de prevención, como la identificación en los equipos de comunicación de los ciudadanos de las llamadas de celular que sean realizadas desde los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Recientemente, la Procuraduría General de la Nación también pidió evaluar la creación de una unidad enfocada en atacar la extorsión carcelaria, que corresponde al 41% de todas las extorsiones del país, según cifras de la entidad

Así lo aseguró Javier Sarmiento, procurador delegado de Derechos Humanos, en conversación con W Radio: “Es necesario intensificar y fortalecer los controles de ingreso en las cárceles, los celulares no entran por magia a las cárceles, los ingresan las familias y los cuerpos de vigilancia, de lo contrario no existirán este tipo de dispositivos. Hay una gran tarea, sabemos de la Operación Dominó, pero lo cierto es que es insuficiente”