Caso Nicolás Petro: juzgado de Barranquilla dejó en firme decisión que involucra a la Fiscalía

En lo que podría considerarse una nueva derrota en su caso, el juzgado segundo penal de Barranquilla desestimó la petición de la defensa de Nicolás Petro Burgos: hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que había pedido que la Fiscalía General de la Nación revelara la identidad de una de sus fuentes para imputar y acusar al sindicado.

En efecto, como contó W Radio, el togado no conminó al ente investigador a dar a conocer el nombre de la persona, no vinculada a la Fiscalía, que fue clave para la recolección de pruebas en contra del exdiputado del Atlántico: que deberá responder por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en un caso que inició con las denuncias de su exesposa, Daysuris Vásquez.

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El 11 de enero, durante la audiencia de acusación en contra del joven político, el abogado Sebastián García, que hace parte de la defensa de Petro Burgos, había solicitado al juez Hugo Carbonó que autorizara a la Fiscalía a entregar el nombre de la fuente no formal que jugó un papel determinante para estructurar la investigación en contra del hijo mayor del jefe de Estado.

Entre sus argumentos, el abogado García manifestó que el aporte que permitió a la Fiscalía consolidar el acervo probatorio en contra de Nicolás Petro, provino de una persona que fue infiltrada en su esquema de seguridad, por lo que pidió al juzgado que, en un plazo de tres días se conociera su identidad, a través de una orden emitida por este despacho judicial.

Sin embargo, el juez Carbonó no habría encontrado mérito para proceder en ese sentido y no le ordenó a la Fiscalía que entregara esta información. Una petición a la que, en su momento, no se opuso el fiscal Mario Burgos, pues se mostró dispuesto a suministrar la información a la defensa si el togado daba su aval, aunque hizo claridad que la persona en mención no hacía parte del cuerpo de seguridad.

Y reiteró que este tipo de datos que hacen parte del proceso serían suministrados en los términos que estableciera la ley, así como otros elementos que hacen parte del expediente de Petro Burgos: acusado de un incremento injustificado de 1.053 millones de pesos, además de una serie de maniobras delictivas para blanquear este dinero con la adquisición de propiedades y otros lujos.

A su vez, se conoció que en contra de Petro Burgos, de 39 años, se imputarán nuevos punibles, tras la evidencia de la Fiscalía General de la Nación de los contratos con los que, a través de terceros, se habría beneficiado. El exdiputado afrontará cargos por peculado por apropiación, contratos sin cumplimiento del lleno de los requisitos legales y falsedad en documento, en una decisión que venía “cocinándose”.

Lo anterior por la suscripción de contratos del orden de $3.000 millones con la Gobernación del Atlántico, a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), que habría servido de fachada para presuntamente usufructuarse de Plan de atención del Adulto Mayor, que habría sido fuente para la desviación de recursos por parte de Burgos y su expareja, Vásquez.

Es válido destacar que el inicio de la audiencia preparatoria está previsto para el lunes 29 de abril y continuará el martes 30. Será en esa diligencia en la que formalicen las pruebas que serán tenidas en contra del exasambleista y la estrategia con la que la defensa espera demostrar en juicio la inocencia del hijo mayor de Gustavo Petro; el mismo que tuvo la posibilidad de establecer un acuerdo de colaboración.