Reforma a la salud: exigen al Ministerio de Hacienda entregar detalles sobre la viabilidad fiscal

El proyecto de reforma a la salud que pretende impulsar el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, pasará por varios debates en el Senado de la República, luego de que, después de muchas dificultades, fue aprobado en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el camino que les resta a congresistas que apoyan la reforma se torna complicado.

Nuevamente, el tema de la viabilidad fiscal regresa a la mesa de discusión. La senadora del Partido Colombia Justa Libres Lorena Ríos Cuellar envió un documento al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el que solicita información sobre el análisis de impacto económico que tendrá el proyecto.

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En 2023, la ponente de la reforma, la representante a la Cámara Martha Alfonso, aseguró que la reforma no necesitaba un concepto de viabilidad financiera. Sus declaraciones generaron una oleada de críticas, porque se desconocía el impacto que tendría para la economía del país.

Alfonso sustentó su posición argumentando lo siguiente: “Lo que está haciendo la reforma (a la salud) es una redistribución, un cambio de uso en procura de mejor calidad y mayor acceso a la atención con la misma plata que tiene asignado año a año y que es un presupuesto creciente, ya garantizado, cerca del 23% del presupuesto general se destina a la salud en Colombia y esa es la plata que financia esta reforma y que va a tener un uso distinto”.

Sin embargo, la cartera sí hizo un análisis financiero de la iniciativa, en el que definió un costo de 929.000 millones de pesos, aproximadamente, para 2024. No obstante, según el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, consultado por La República, aunque el estudio se llevó a cabo, el ministerio no emitió ningún aval, es decir, no es claro si la nación tiene la capacidad fiscal para hacer implementar la reforma.

Ahora que la iniciativa pasará a ser debatida en el Senado de la República, la congresista Lorena Ríos Cuellar precisó que las erogaciones presupuestales del proyecto no presentar un concepto de compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

“Será conveniente contar con el concepto fiscal detallado de la misma, con la finalidad de preservar la constitucionalidad del proyecto de ley conforme a los recientes pronunciamientos sobre la materia proferidos por la honorable Corte Constitucional y en el entendido que se trata de una iniciativa de Gobierno que requiere los más rigurosos análisis técnicos y financieros conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico”, detalló la congresista en el documento.

En ese sentido, la senadora también solicitó que la cartera remita todas las comunicaciones de las dependencias del ministerio referentes a elementos técnicos que ayudaron a desarrollar el análisis. Se menciona entonces a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, la Dirección General de Apoyo Fiscal, la Dirección de Política Macroeconómica y la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social.

Uno de los principales opositores a la iniciativa ha sido el expresidente Álvaro Uribe, que ha manifestado en varios ocasiones la inconveniencia de la reforma. En un reciente trino, publicado el 7 de enero de 2024, aseguró que el proyecto y la desfinanciación del sistema de salud generarían no solo la terminación de “todo lo que no sea estatal”, sino que también crearía desconfianza.

“Será un obstáculo para que el sector privado vuelva a invertir cuando se le necesite. Y el final de las EPS será la señal de peligro para hospitales privados y fundaciones. Buenas EPS y hospitales privados prestan mejores servicios y a menor costo que entidades estatales”, precisó.