Por las chuzadas a Marelbys Meza, empleada de Laura Sarabia, Fiscalía le imputará cargos a cuatro policías

Otros cuatro integrantes de la Policía Nacional de Colombia, incluyendo al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, enfrentan un proceso judicial por su presunta participación en interceptaciones no autorizadas a Marelbys Meza y Fabiola Perea, dos trabajadoras domésticas. Estas últimas habían sido acusadas por el robo de una suma de dinero de la residencia de Laura Sarabia Torres, quien se desempeñaba como jefa del Gabinete del presidente Gustavo Petro.

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Las interceptaciones ilegales, más conocidas como ‘chuzadas’, están en el centro de la controversia, pues se alega que los agentes pudieron haber manipulado informes de inteligencia. Esto habría sido hecho con la intención de involucrar a Meza y Perea en otras investigaciones criminales contra alias Siopas, alto mando del clan del Golfo. Las líneas telefónicas de las dos mujeres fueron asociadas con nombres clave dentro de la organización criminal: La Madrina y La Cocinera, respectivamente, insertándolas de manera ficticia en la estructura delictiva.

El modus operandi señalado implica que el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el intendente Alfonso Quinchanegua y los patrulleros Dana Alejandra Cañizares y Jhon Fredy Morales Cárdenas pudieron haber creado nexos inexistentes entre las sospechosas del hurto y miembros del clan del Golfo.

La vinculación fabricada establecía a Meza como colaboradora cercana de Siopas, y a Perea como encargada de la alimentación de este líder criminal. Estos hechos suponen una grave violación a la legalidad por parte de los oficiales involucrados, quienes, al desempeñar funciones de inteligencia y vigilancia, debían observar estrictos estándares éticos y legales.

Los efectos de tal manipulación afectan la integridad de Meza y Perea, también reflejan fallas importantes en los procesos internos de control dentro de la Policía Nacional. Este caso resalta la relevancia de las prácticas de vigilancia y cómo su mal uso puede comprometer la justicia y la seguridad ciudadana. Por el momento, se espera que el juicio arroje luz sobre las circunstancias exactas de las ‘chuzadas’ y las consecuencias legales para los policías implicados.

El intendente Quinchanegua tiene un proceso penal pendiente por falsedad material en documento público, además de estar vinculado con el reciente caso de manipulación. Se le acusa de haber instruido a un subordinado para modificar declaraciones de Marelbys Meza, quien fue sometida a un polígrafo de manera irregular después de la pérdida de un dinero en la residencia Sarabia el 29 de enero. Este ajuste testimonial incluiría datos tergiversados sobre un servicio de transporte particular que la exempleada habría usado tras la desaparición del dinero.

Según la acusación, Quinchanegua habría causado la adición de información falsa en el testimonio para justificar una declaración obtenida de un conductor en circunstancias inusuales. La declaración se refiere a la utilización de servicios de transporte por parte de Meza, lo cual, se alega, fue un intento de encubrimiento por parte del intendente y sus subordinados.

Los cargos presentados revelan prácticas corruptas dentro de la institución policial, poniendo en tela de juicio la integridad de los procesos de inteligencia y la manipulación de la justicia. Los oficiales implicados han rechazado las imputaciones, pero los elementos de prueba recolectados y la seriedad de los delitos plantean un escenario complejo para los acusados. La comunidad espera un juicio justo que esclarezca las irregularidades y restablezca la confianza en las autoridades.

Según la Fiscalía General de la Nación “(...) Se incluyó que la exempleada tomó un servicio de transporte particular, luego de culminar su jornada laboral, el día en el que se extraviaron unos dólares. Esta información, presuntamente, se usó para justificar una declaración tomada de manera extemporánea a un conductor de plataformas virtuales de transporte”.

Además, de acuerdo con la investigación, la entrevista manipulada fue parte del informe de Policía Judicial que se presentó a la fiscal, misma que ordenó la interceptación de las comunicaciones de Marelbys Meza y Perea.

Por otra parte, el ente acusador señala que “(...) La investigación da cuenta de que el intendente Quinchanegua, al parecer, presionó a su subalterno, a través de mensajes de texto y de manera verbal, para que procediera irregularmente. La entrevista alterada hizo parte del informe de Policía Judicial presentado a la fiscal que ordenó interceptar las comunicaciones de Marelbys Meza Buelvas y otra persona, con base en varios elementos suministrados por los imputados por estos hechos”.