La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó el jueves 11 de enero de 2024 la muerte de un niño de cinco años, integrante del pueblo indígena embera katío, que estaba bajo el cuidado de su abuela y que había llegado a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja el 27 de diciembre de 2023.
Pese a que fue evaluado por la Unidad de Atención Integral Comunitaria de la Secretaría Distrital de Salud, que identificó una infección respiratoria aguda, el menor no mostró evolución en su estado de salud y falleció debido a las complicaciones en su estado.
Asimismo, la secretaría de Salud informó que los días 30 y 31 de diciembre de 2023, la comunidad embera no permitió la entrada de la Unidad de Atención Integral Comunitaria a la UPI La Rioja., pese a los signos de alarma que registraba el niño. Los días posteriores el caso continuó en seguimiento por los gestores de salud, que poco pudieron hacer por su estado.
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Cabe mencionar que la comunidad embera cuenta con más de 400 indígenas, provenientes de las regiones de Risaralda y Chocó, quienes han encontrado un nuevo refugio en el parque Nacional de Bogotá a cuatro meses de su asentamiento. Estas personas, desplazadas por diversas circunstancias, han optado por buscar mejores condiciones de vida estableciéndose en la capital colombiana.
Así fue el caso que derivó en la muerte del niño emberá
El distrito señaló que el 1 de enero de 2024, a las 9:00 a. m., los gestores de la Secretaría Distrital de Salud, encargados de hacer rondas dentro de las instalaciones de La Rioja, identificaron la presencia de signos de alarma. El niño manifestaba síntomas como dificultad respiratoria, diarrea y vómito, que lo tenían en delicado estado.
Minutos más tarde, sobre las 9:25 a. m. de ese mismo día, el menor fue trasladado a la ambulancia que permanece las 24 horas frente a ese albergue, ubicado en el centro de Bogotá. Luego, a las 9:45 a. m., el niño fue llevado al Hospital Santa Clara: allí entró por urgencias y luego de la valoración fue trasladado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos pediátricos.
El menor de edad permaneció entre el 1 y el 11 de enero de 2024 en la unidad de cuidados intensivos de este centro asistencial. Pero pese a todos los esfuerzos del equipo médico, las condiciones de salud en las cuales llegó del territorio desencadenaron en su fallecimiento, a causa de una disfunción orgánica múltiple.
Es importante resaltar que actualmente, en la red de prestación de servicios de salud en Bogotá, hay 13 niños de la comunidad embera hospitalizados. Para evitar situaciones de máxima gravedad, se requiere que los equipos de salud y quienes conforman la Unidad de Atención Integral Comunitaria del Distrito Capital tengan acceso permanente a la población indígena que se encuentra en las UPI La Florida y La Rioja.
Tras este caso, la Secretaría Distrital de Salud reiteró el llamado al Gobierno nacional para que reconozca la emergencia que está afectando a esta población. Además, conminó al Estado a que desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se tomen decisiones de fondo para que los integrantes de estas comunidades que están en la ciudad puedan retornar a su territorio de origen y mejoren sus condiciones de vida para garantizar sus derechos; especialmente de niños, niñas y mujeres.
Este es el comunicado emitido por la Secretaría de Salud de Bogotá sobre la muerte del niño emberá:
15 de enero, fecha crucial para la comunidad embera
Ante la incertidumbre que vive la comunidad embera sobre su futuro, se convocó a una reunión para el lunes 15 de enero de 2024, con entidades estatales, para abordar la reubicación potencial de los indígenas en un terreno de Beltrán (Cundinamarca). Esta asamblea se presenta como una oportunidad crucial para determinar el destino de aquellos que buscan un refugio seguro.
El encuentro tendrá como enfoque principal determinar la viabilidad de trasladar a la comunidad afectada a este nuevo espacio en Beltrán. La idea es la de crear un ambiente seguro donde las familias puedan establecerse y reconstruir sus vidas en un área que promete mayores posibilidades de desarrollo y bienestar.
Según el Gobierno nacional, la reubicación no solo plantearía una solución habitacional, sino que también abre la posibilidad de un mejor suministro en los servicios públicos y la infraestructura necesaria para soportar a la comunidad indígena.