Caso Nicolás Petro: estas son las probabilidades de que sea condenado, según penalista

Mario Burgos, fiscal que lleva el caso de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, lo acusó formalmente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Por decisión del juez Segundo Especializado de Barranquilla, Hugo Junior Carbonó Ariza, el primogénito del mandatario irá a juicio y se tiene previsto el desarrollo de las audiencias preparatorias de juicio para el 29 y el 30 de abril de 2024.

El panorama se tornó difícil para la defensa de Petro Burgos, que hasta el momento no ha podido desestimar los señalamientos en su contra. Ahora, a tres meses y medio de las audiencias preparatorias, parece que el único resultado del caso será la condena del hijo del presidente.

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Infobae Colombia consultó con el abogado penalista y exdirector Nacional del CTI Julián Quintana, que en su cuenta de X (antes Twitter) aseguró que las probabilidades de que el exdiputado del Atlántico reciba una sentencia condenatoria son altas. En conversación con este medio, explicó que la tesis de la Fiscalía General de la Nación plasmada en el escrito de acusación deja ver la solidez de sus argumentos y del respaldo probatorio.

Petro Burgos es investigado debido a que no pudo justificar las gruesas sumas de dinero que tuvo en su poder y que indicarían un incremento exagerado de su patrimonio. En un comunicado, el ente acusador explicó que, en 2022, el hijo del primer mandatario gastó 1.205 millones de pesos en compras de viviendas, ropa y otros accesorios de lujo.

Sin embargo, para entonces, solo llegó a percibir 280 millones de pesos producto de su trabajo como diputado, por lo que, en ese sentido, hay 1.053 millones de pesos de los cuales su procedencia es desconocida. El fiscal Burgos aseguró en la audiencia de acusación que estos recursos tendrían su origen en la clandestinidad.

Además, el hijo del presidente Petro reveló que, en efecto, recibió dinero de varios personajes poderosos: del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como El Hombre Malboro, de Alfonso del Cristo Hilsaca Elajdue, mejor llamado como El Turco, y del político Máximo Jose Noriega Rodríguez, que buscó ser candidato a la Gobernación del Atlántico por el Pacto Histórico.

De acuerdo con el experto, la Fiscalía ha podido demostrar que los tipos penales por los cuales fue acusado sí se cumplen. “Es más que evidente que los elementos estructurales de los dos delitos se configuran. Empezando por el enriquecimiento ilícito de servidor público”, precisó el experto.

Explicó que solo se necesitaría probar que hubo un incremento patrimonial injustificado, lo cual, hasta el momento, ha logrado el ente investigador. Pues los millones de pesos que utilizó para hacer compras lujosas no salieron de sus ingresos mensuales ni de su actividad económica principal como político, sino de las sumas que le habrían entregado cuestionados personajes.

“Uno allí ya tiene el primer elemento contundente, porque el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público es el delito fuente del lavado de activos”, añadió el abogado penalista.

Con respecto a este segundo tipo penal, Quintana aseguró que lo único que se requiere es demostrar que el dinero fue resguardado, transportado, asegurado o que se le quiso dar una apariencia de legalidad. Para esto se habría utilizado la estrategia de poner a nombre de terceros los bienes adquiridos.

“Cuando uno mira el escrito de acusación, también ve que se configuraron ese tipo de verbos rectores. Así que yo creo que está muy difícil que se haga una defensa de Nicolás Petro y que salga triunfante. Por el contrario, veo que la Fiscalía tiene una tesis muy sólida, muy consolidada y por eso creo que, seguramente, va a haber una sentencia condenatoria”, concluyó el abogado en conversación con Infobae Colombia.

El único camino que tendría la defensa de Petro Burgos es comprobar que el dinero que manejó en 2022 es legal y detallar cuál es el origen de cada uno de los pesos que tuvo en sus cuentas bancarias, o que recibió en efectivo. Aseguró que esta tarea resulta compleja, porque “su patrimonio económico no le da para tantos lujos”.

Sin embargo, más adelante, el acusado podría solicitar un principio de oportunidad o llegar a un preacuerdo con la Fiscalía antes de la sentencia, en pro de recibir beneficios a cambio de información.

En caso de que llegue a ser condenado, no podría acceder al beneficio de casa por cárcel, porque sería culpable de un delito contra la administración pública, que es el enriquecimiento ilícito. La ley no permite una detención domiciliaria y, entonces, sería privado de la libertad en un centro penitenciario.