En los últimos días el presidente Petro ha enfrentado críticas por parte del fiscal general Barbosa, que cuestionó la estrategia de seguridad en las regiones y la propuesta de asignar recursos para incentivar a delincuentes a cesar sus actividades criminales.
La seguridad en Colombia y las políticas de paz se han convertido en temas de fricción entre ambos funcionarios. La comunicación del fiscal Barbosa responde a esta dinámica de debates públicos, marcando una clara postura institucional ante los señalamientos presidenciales.
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Francisco Barbosa ha sido uno de los más visibles opositores a algunas de las medidas propuestas por Gustavo Petro desde su cargo como fiscal general. En términos de las acusaciones vertidas por Petro, la falta de condenas fue puesta en el foco de la opinión pública, generando una notable controversia que la Fiscalía ha buscado esclarecer con su reciente pronunciamiento.
Qué viene para Barbosa
Francisco Barbosa abordó su gestión al frente de la Fiscalía y la situación legal y política en Ecuador, en una entrevista concedida a La FM de RCN, revelando detalles sobre la judicialización por terrorismo de individuos en Ecuador y las implicancias de la posible liberación de presos colombianos y por supuesto de su labor una vez culmine su periodo como fiscal General.
Frente a su futuro, Barbosa descarta aspiraciones presidenciales y anuncia proyectos personales y profesionales tras dejar cargo de fiscal. En respuesta a preguntas sobre sus intenciones políticas futuras, afirmó no tener planes de buscar la presidencia de Colombia, ya que su enfoque está en otras iniciativas. Su mandato como fiscal terminará el 12 de febrero, tras lo cual iniciará un compromiso académico en La Florida el 15 de febrero.
“(...) sobre candidaturas no tengo en la cabeza absolutamente nada, tengo en cabeza desarrollo profesional, reencontrarme con mi familia, no tengo mayor visión sobre esto (...) que encarte yo los próximos meses con temas que no son del tema de hoy y que serían prematuros en un gobierno que lleva la mitad de su periodo”, fueron las palabras exactas del funcionario.
Posteriormente a su salida de la Fiscalía, Barbosa se dedicará a escribir un libro con entrega programada para octubre o noviembre, cuyo contenido detallará sus experiencias y resultados obtenidos durante los últimos dieciocho meses en el cargo. El fiscal expresa su intención de que el texto sea de fácil lectura y brinde perspectiva sobre su gestión. Además, tiene previsto colaborar en el ámbito de la seguridad con autoridades locales en diversas regiones y contribuir con columnas de opinión.
En su declaración final, puntualizó que no contempla perspectivas de candidaturas en su futuro cercano, privilegiando su desarrollo profesional, el reencuentro con su familia y áreas de interés que no se orientan hacia contiendas electorales, especialmente durante un gobierno que aún transita por la mitad de su mandato.
Las diferencias entre poderes
La tensión entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía no es un fenómeno nuevo en el contexto político colombiano, pero cada episodio de confrontación destaca las diferencias en aproximaciones y políticas de gobierno. Mientras esta situación sigue desarrollándose, tanto el presidente Petro como el fiscal Barbosa continuarán siendo figuras clave en los debates sobre justicia, seguridad y el proceso de paz en Colombia.
Durante la entrevista, el funcionario comentó que la fiscal de Ecuador le informó sobre el proceso de judicialización de personas que ocuparon un canal de televisión en dicho país, refiriéndose a ellas como “judicializadas por terrorismo”. Esto le hizo reflexionar sobre cómo una acción similar podría ser interpretada en Colombia, mencionando que “imagínese que aquí pudiéramos hacer eso, saldrían acá a decir que se les violaron las garantías”. Además, abordó la cuestión de los prisioneros colombianos, señalando que se está profundizando en las implicaciones que su liberación podía acarrear.
El fiscal saliente también indicó que su atención está centrada en las “implicaciones del decreto de conflicto armado interno” mucho más que en las posibilidades de liberar a presos colombianos. Aunque no profundizó en los detalles específicos o el alcance de estas implicaciones, su mención del decreto subraya la complejidad de la situación jurídica y de seguridad que se encuentra evaluando en los días finales de su administración.
Asegura que los casos de Nicolás Petro, Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina proseguirán su curso legal, confirmando su continuidad pese al cambio de administración. Los procesos, los cuales han captado gran atención mediática, están en manos de la autoridad judicial, mantenidos por un juez y un fiscal autónomo e independiente que no se verán afectados por la transición gubernamental.
El exalcalde Daniel Quintero será objeto de nuevas revelaciones el próximo 9 de febrero, relacionadas con miembros de su administración. Estos detalles surgirán como resultado de “nuevas denuncias” presentadas por la nueva administración, las cuales “tienen que ser evaluadas”. Por otro lado, se anticipa una audiencia clave para el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, establecida para finales del presente mes, donde se llevará a cabo la formulación e imputación de cargos.