Prosperidad Social aclaró polémica por convenio que cobija a la Unión Patriótica: “Desde 2015, el DPS atiende a los sobrevivientes”

En respuesta a la propagación de información distorsionada a través de redes sociales, Prosperidad Social emitió un comunicado clarificando los detalles de un convenio destinado a proporcionar proyectos productivos a los sobrevivientes del desaparecido grupo Unión Patriótica (UP). La institución ha tomado medidas para aclarar al público respecto a los alcances y objetivos de dicho acuerdo.

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó, a través de un comunicado, la ejecución de un convenio por valor de $2.933 millones de pesos firmado por su directora, Laura Sarabia, en diciembre de 2023. La controversia se suscitó debido a que el acuerdo incluía pagos a líderes, afiliados y supervivientes de la extinta Unión Patriótica.

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Prosperidad Social brindó a la opinión pública la siguiente información:

• El convenio 689 FIP de 2023, firmado el pasado 17 de noviembre para atender a sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano (UP-PCC), responde a una obligación del Estado encomendada a Prosperidad Social a través del decreto 1066 de 2015.
• Dicho decreto, “…Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”, estableció medidas para cesar o mitigar las amenazas o vulneraciones de los derechos humanos de los dirigentes, miembros y sobrevivientes de ese partido político, mediante la formación, implementación y seguimiento de proyectos productivos que les permita generar ingresos autónomos.

• Esta no ha sido la única intervención que ha ejecutado Prosperidad Social con este propósito; al tener un origen de carácter legal y mandatorio, desde el 2015 la entidad ha ejecutado 4 convenios con el mismo carácter: el 158FIP de 2015, el 202FIP DE 2016, el 255FIP DE 2020 y el 717FIP DE 2021. De modo que el suscrito por la actual administración es el quinto. De los mencionados, el firmado durante el gobierno anterior, en el 2021, tuvo un valor cercano a los 3.600 millones de pesos, de los cuales Prosperidad Social aportó 3.278 millones para atender a 299 personas de la mencionada población. Para el convenio 689 FIP de 2023, cuyo valor es de $2.933.716.400, Prosperidad Social aportará $2.883.716.400 para la atención de 159 personas.
• Vale la pena tener en cuenta que el antecedente histórico de esta normativa fue una petición de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (Cidh), quien le solicitó al Estado colombiano implementar medidas para la restitución de los derechos y salvaguardar la vida de los líderes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. Esto como resultado de una denuncia que interpusieron, ante ese organismo, los sobrevivientes del exterminio sistemático de más de 4.000 personas de ese movimiento, que fueron secuestradas, desaparecidas o asesinadas entre 1984 y 2002, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (Todo pasó frente a nuestros ojos …).
• En atención a esas acciones, el Gobierno promulgó el mencionado decreto 1066 de 2015. Este unificó el Programa Especial de Protección para las personas de ese movimiento político, designó a Prosperidad Social como la entidad encargada de entregar las subvenciones para el desarrollo de unidades productivas de la población objeto de dicho decreto y estableció en 12 SMMLV, el monto de aquellas.
• Por último, es pertinente recordar que uno de los propósitos misionales de Prosperidad Social es formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación de los colombianos. Esa reconciliación pasa por brindar oportunidades de integración económica a las personas que, estando en una situación de vulnerabilidad por razones de pobreza o violencia, han sido excluidas del sistema económico y productivo del país. Trabajar por su inclusión social y productiva ha sido y será parte de nuestras acciones.

Todo inició cuando Laura Sarabia, directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), hizo oficial la formalización de un acuerdo de cooperación con la Corporación Para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR.

Bajo el contrato conocido como 689 FIP 2023, se establecieron términos de confidencialidad fuera de lo común (por su valor) entre el DPS y Rafael Gómez Serrano, en calidad de representante legal de la entidad privada. La naturaleza atípica de este punto contractual causó controversia en esferas políticas y sociales.

Ese contrato fue suscrito el 17 de noviembre de 2023 y tuvo una duración de 40 días, que finalizaron el 30 de diciembre de 2023.