Jorge 40 permanecerá en prisión por su participación en “falsos positivos” del Ejército: tres campesinos resultaron muertos

El cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habría estado involucrado en el asesinato de tres civiles y la respectiva entrega de los cadáveres a una tropa del Ejército Nacional en el 2003.

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, estableciéndose en el anterior sistema judicial (Ley 600 de 2000), decidió condenar con prisión a quien fue el máximo cabecilla del Bloque Norte de las AUC.

Pese a que Pupo Tovar, alias Jorge 40, se encuentra en la prisión de Ibagué La Picaleña, el juez decidió “cobijarlo con medida de aseguramiento en centro carcelario por su posible participación en el homicidio tres campesinos en el corregimiento de La Mesa, en Valledupar (Cesar)”, emitieron en un comunicado desde la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el ente acusador el excabecilla del Bloque Norte de las AUC habría entregado al batallón de La Popa a los campesinos muertos para que los uniformados los hicieran pasar como terroristas asesinados en medio de un enfrentamiento.

Finalmente señalaron desde el ente acusador que se ha evidenciado una estrecha relación entre el exlíder paramilitar con quien se desempeñaba como comandante del batallón mencionado, el corone Hernán Mejía Gutiérrez, señalado responsable de varios ‘falsos positivos’ y quien decidió someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Vale resaltar que Jorge Rodrigo Tovar, hijo del excomandante paramilitar Jorge 40, actualmente ocupa la curul de paz como representante de las víctimas, situación que ha sido bastante cuestionada desde diversos sectores políticos.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha admitido el sometimiento de José Eduardo González Sánchez, exsubjefe de seguridad de Ecopetrol y excapitán del Ejército Nacional, por su presunta colaboración con grupos paramilitares durante su periodo en la empresa petrolera. González es acusado de actuar como intermediario entre las Autodefensas Unidas de Colombia y miembros de las Fuerzas Armadas, facilitando atrocidades en Barrancabermeja a finales de los años 90.

La JEP, analizando su pasado militar y su vinculación con Ecopetrol, decidió admitirlo para aportar tempranamente a la verdad del conflicto y no se pronunciará de inmediato sobre sus solicitudes hasta que sea escuchado en las diligencias. Se ha identificado que González habría tenido un papel clave en el intercambio de información entre los paramilitares y el Ejército que condujo a violencia en contra de la población civil.

Además, se le atribuye haber permitido el uso de recursos de Ecopetrol para apoyar las acciones de las AUC, incluyendo el uso de un helicóptero para transportar personal y armamento. En términos de reparación, González ha propuesto entregar una finca y desarrollar un proyecto productivo para beneficiar a las víctimas, aunque la JEP le ha otorgado un plazo de diez días para precisar estos planes de reparación y cómo serán ejecutados y financiados.