La atmósfera de angustia y vulnerabilidad se cierne sobre Bogotá, particularmente en la zona de Kennedy, donde las vidas de las trabajadoras sexuales de una popular zona de contención en dicha localidad, se ven amenazadas por bandas criminales presuntamente vinculadas al Tren de Aragua.
Este fenómeno se extiende a lo largo de cinco localidades críticas en la ciudad, donde la temperatura social está agravada por la presión constante de la extorsión, precisamente por esta organización criminal transnacional, según lo informaron en City Noticias de las 8, de Citytv.
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Según el medio mencionado, las mujeres que llevan más de diez meses siendo víctimas de extorsión por parte de supuestos miembros del Tren de Aragua se enfrentan a un calvario diario. Estas mujeres trabajadoras sexuales denuncian no solo amenazas y extorsiones, sino también la presencia activa de actividades sospechosas en el ‘Hotel Negro’, un lugar que se dice es tanto un centro de torturas como un cuartel general para esta banda criminal.
Desde el sector de la 38 en Kennedy, según resalta la periodista de City Tv, una trabajadora sexual reveló que ella y sus compañeras se ven obligadas a pagar tarifas diarias impuestas por los presuntos miembros del Tren de Aragua, quienes recurren a intimidaciones armadas y situaciones peligrosas para cobrar estos pagos. La cotidianidad de estas mujeres se ve afectada por exigencias coercitivas que van más allá de lo imaginable.
“Todas las peladas que trabajan en ese lado, al frente del ‘Hotel Negro’ y ahí siguen siendo extorsionadas”, relata la trabajadora sexual, a quien se le modificó su voz y se le resguardó su identidad por protección de su vida.
“Qué día encañonaron a dos peladas y les dijeron que tenían que pagar o que tenían que pagar. Las cogieron con revolver, las jalaron y las subieron al ‘Hotel Negro’ y les dijeron que tenían que pagar. Siguen extorsionando”, explicó la trabajadora en conversaciones con City Tv.
La narrativa toma un tono aún más oscuro al considerar la persistencia del Hotel Negro como un enclave operativo, a pesar de los repetidos allanamientos y las evidencias de atrocidades que allí se han descubierto, como cadáveres torturado y desmembrados. Este lugar, vinculado a torturas y con un proceso abierto en la Fiscalía, sigue desafiando a las autoridades y funciona como un sombrío recordatorio de la impunidad que rodea a las operaciones del Tren de Aragua.
El aspecto financiero de esta tragedia no pasa desapercibido: las extorsiones alcanzan hasta los 50,000 pesos diarios por cada trabajadora sexual.
Pese a la gravedad de la denuncia, la misma trabajadora sexual anónima, sostiene que desconoce si se sigue desmembrando personas en el ‘Hotel negro’.
Este hecho no es nuevo, ni aislado. En mayo del 2023, City Tv tambiéninformaron sobre algunas trabajadoras sexuales se vieron obligadas a pagar cuotas de extorsión de 50 mil pesos mensuales a miembros del grupo delictivo El Tren de Aragua.
Aquellas que no accedían a los pagos reportaron ser objeto de torturas, amenazas de muerte, desplazamiento forzado, hurtos y violencia sexual. Los cobros indebidos estarían destinados a la adquisición de munición para el grupo criminal. El sector afectado es la UPZ Patio Bonito, considerado de alto impacto delictivo, incluso el 16 de abril de ese mismo año, una mujer de 18 años fue ultimada con una botella rota en esta zona.
Testimonios indicaron la posible colusión entre miembros del Tren de Aragua y la Policía de Bogotá. Ante la gravedad de los hechos, se planteó un encuentro en un CAI local entre las trabajadoras sexuales y las fuerzas del orden, pero fue cancelado. Las víctimas también sufrieron amenazas a bordo de bicitaxis, siendo estas un método de movilización y amedrentamiento por los delincuentes.
Mayormente, las afectadas son madres de familia, cuya seguridad y la de sus seres queridos se ve comprometida, llevando a muchas a considerar el abandono del territorio.
Organizaciones sociales, como la Red Comunitaria Trans y la Asociación Sindical de Trabajadoras Sexuales (Astrasex), resaltaron la urgencia de establecer protocolos de investigación que contemplan la particularidad de los casos de violencia contra las trabajadoras sexuales.