Colombia podría estar cerca a una crisis carcelaria como la de Ecuador: las extorsiones desde las prisiones aumentan y las autoridades no pueden pararlas

La extorsión desde las cárceles es uno de los temas en seguridad que más preocupa a la Procuraduría General de la Nación, que recientemente alertó al Gobierno nacional para que se ponga un freno a esta problemática.

Desde el órgano de control informaron sobre algunas irregularidades en las medidas para enfrentar este flagelo que afecta a ciudadanos del común, comerciantes y empresarios.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

De acuerdo con el Ministerios Público, la extorsión desde las cárceles está en aumento y las medidas para frenar el problema son insuficientes. En un comunicado emitido este miércoles 10 de enero de 2024, la Procuraduría “rajó” al Gobierno en este tema.

La preocupación de esa entidad se da por las alarmantes cifras en la comisión de este delito. Según sus números, la extorsión carcelaria va en aumento y ya representa el 41% de los delitos que se cometen desde los establecimientos penitenciarios del país, siendo el Valle del Cauca el departamento con una mayor incidencia.

Así mismo, desde la Procuraduría General de la Nación señalaron que el problema está incrementando por “falta de operatividad del Gobierno” y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Según lo establecido por el Ministerio Público, las medidas que se han tomado para hacerle frente a este problema son insuficientes. Eso, de acuerdo con la entidad, se evidencia en el mal funcionamiento de los equipos bloqueadores de señal.

La Procuraduría informó que de 22 de estos equipos, instalados en igual número de cárceles en el país, en la actualidad solo dos presentan un correcto funcionamiento.

Además, el ente de control cuestionó que se permita el ingreso de elementos que están prohibidos en los establecimientos penitenciarios, como equipos de comunicaciones desde los que hacen llamadas y envían mensajes amenazantes. Eso bajo la complicidad de algunos funcionarios encargados de custodiar las cárceles.

Lo anterior, según el Ministerio, “sin recato de autoridad y dando oportunidad a los delincuentes para que amenacen la institucionalidad estando tras las rejas”.

El ente de control informó que uno de los casos que más preocupa es el de Tuluá, Valle del Cauca, donde un grupo criminal tiene atemorizados a comerciantes y empresarios, pese a que están tras las rejas.

Se trata de la banda delincuencial denominada ‘la Inmaculada’, que desde la cárcel llama y envía mensajes a ciudadanos con el fin de exigir importantes sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus establecimientos.

“Desde la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos se ha hecho especial seguimiento a esta problemática, alertando que este delito corre el riesgo de extenderse a otras regiones del país tal como está sucediendo ahora en Barranquilla”, señalaron desde el órgano.

Para frenar las extorsiones desde las cárceles del país el Ministerio Público propuso la creación de una unidad judicial especial.

Desde la entidad solicitaron evaluar la posibilidad de crear la Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional para desarticular el flagelo de la extorsión carcelaria y extramural a nivel nacional.

Serán las autoridades encargadas de el sector en mención quienes decidan si la creación de esa unidad es viable o no.

Mientras tanto, desde el Ministerio hicieron un llamado a los ministros de Defensa, Iván Velásquez; Justicia, Néstor Osuna; y de Tecnología y Comunicaciones, Mauricio Lizcano, así como a las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para que adopten los mecanismos necesarios para solucionar esta problemática.