Colombiano fue retenido por la policía boliviana por pasearse con dos cervezas: le pidieron mil dólares para dejarlo en libertad

En su viaje al Estado Plurinacional de Bolivia, el tiktoker colombiano Malandro Magno no se llevó una, sino dos grandes desilusiones. La primera, según dijo a través de sus redes sociales, fue la calidad de los alimentos en algunos negocios de comida local (declaración que le habría ganado una oleada interminable de críticas), y la segunda fue la relación de las autoridades con los turistas, pues a su paso por Santa Cruz, habría sido retenido de manera ilegal y obligado a pagar un chantaje en dólares.

“La Policía de Santa Cruz, Bolivia, es la más corrupta de todo Sudamérica, es una vergüenza para todos los bolivianos, es una basura (...) el 30 de diciembre fui a una discoteca, Buteco, cuando salí a la 1:30 de la mañana una patrulla de tres policías empezó a seguirme. Yo tenía dos latas de cerveza selladas, a lo cuál por eso me arrestaron y me llevaron a detención en la avenida Virgen de Cotoca pasillo de San José”, explicó, en un primer video denuncia publicado en sus redes sociales el 2 de enero del 2024.

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Sostuvo que, a pesar de haber estado tomando durante la noche, para el momento en el que él y sus amigos fueron abordados ninguno se encontraba consumiendo alcohol: “Me acusaron de que yo estaba tomando en vía pública, me pusieron en prisión y me dijeron que tenía que pagar 1.000 dólares para poder salí, así que envié a mi amigo con los policías a un cajero, porque no tenía el dinero en efectivo”.

E, incluso, puso en duda la capacidad de las autoridades, en este caso “corruptas”, pues se habrían negado a enfrentarse a un habitante de calle para poder retirar el dinero y, una vez lo tuvieron en las manos se olvidaron de contarlo:

“Él se fue con la Policía y en el cajero había una persona durmiendo adentro y la policía no pudo sacarlo porque le daba miedo, que vergüenza. A la final termine pagando 450 dólares porque son idiotas y no saben contar dinero”.

A cambio, le entregaron un comprobante de la Policía Boliviana y la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones, en el que, supuestamente, entregó 10 bolivianos (5.700 pesos colombianos al cambio de enero 2024), antes de salir.

Malandro Magno terminó su denuncia lamentando lo sucedido y dijo que “no volverá nunca” al país, a pesar de tener en sus manos “los nombres, las fotos y la ubicación de los policías” que lo habrían chantajeado.

Los días pasaron y llegó a enterarse que, a raíz de su pronunciamiento en redes, abrieron un investigación; por lo que, dejó un mensaje para el comandante de Santa Cruz, Eric Elwin en el que agradece su proceder, pero, advierte: “Nadie me ha contactado para saber qué pasó, teniendo el boleto que mee entregaron, en el que está la firma del Policía, la hora exacta, la fecha y el código de registro del recibo. Yo creo que no esto no necesitan un Sherlock Holmes para saber quién estaba de guardia a esa hora”.

Además, dice tener “el código del banco” del retiro que realizó su amigo junto a un Policía; lo que, debería haber quedado registrado en las cámaras de seguridad de la entidad bancaria.

Pero, aún así, el 10 de enero del 2024 volvió a publicar un video en el que dice estar muy molesto, debido a que, todavía, no hay resultados en su investigación y siguen sin comunicarse con él. “Yo creo que no quieren que el nombre de la Policía de Bolivia se ensucie por tres policías corrupto”, insistió.

Y aunque juró no volver a pisar suelo boliviano, admitió que tiene otros planes en Santa Cruz, pero espera “que cuando esté por allá pueda caminar sin miedo por las calles”, porque” todos están mejor sin miedo”.

En declaraciones entregadas a la prensa, el comandante departamental de La Paz, coronel Edgar Cortez, manifestó que “todos los que están en nuestro territorio (Bolivia) deben someterse a la normativa vigente, existe una amplitud para que cada gobierno municipal emita una normativa correspondiente”.

Y, sin querer justificar el arresto, precisó: “Las sanciones se rigen en 3 ámbitos, son tres tipos de sanciones, 8 horas de arresto enmarcado en la Ley 263 gobierno municipal de La Paz; el pago de 250 Ufv, mediante la Ley 259 y trabajo comunitario que está establecido por Decreto Supremo”.