La congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que suele utilizar sus redes sociales para comentar aspectos en contra del Gobierno nacional, publicó en su cuenta de X una denuncia de una preocupante situación que estaría ocurriendo en las carreteras del país.
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Junto a un video María Fernanda Cabal indicó que a la altura de Tasajera, entre Santa Marta y Barranquilla, delincuentes encapuchados cometen robos a los vehículos que transitan por la zona. La congresista uribista no desaprovechó la situación para enviarle una pulla al presidente Petro:
“Estos criminales encapuchados haciendo retenes en la vía nacional Troncal del Caribe, a la altura de Tasajeras, con toda tranquilidad extorsionan a los viajeros. ¡Deberían estar presos! Ellos saben que lo peor que les puede pasar es que les paguen un millón ‘por no matar’”.
Es de resaltar que otras denuncias que circulan en redes sociales indican que en el preludio de los carnavales, algunos habitantes del el corregimiento de Tasajera, en el municipio de Puebloviejo, disfrazados y maquillados, generan caos en este tramo de la Troncal del Caribe, con el propósito de obtener dinero de los turistas y conductores.
Precisamente en uno de las respuestas a la denuncia de Cabal indicaron que lo señalado por la congresista es una actividad habitual en la zona carente de autoridades.
“Señora ...eso lo hacen todos los diciembre a la altura de tasagera ..entre cuenta y barranquilla ,porque senadores como usted que no hacen nada por ellos los ponen en esa situación (SIC)”.
La problemática no es nueva, ya que desde junio de 2023 se evidenció la gravedad de la situación por medio de vídeos difundidos en redes, donde se veía a jóvenes armados con palos y piedras exigiendo pagos ilegales para permitir el paso. Además de generar un estado de zozobra, estas protestas revelaban que incluso menores fueron partícipes al poner obstáculos que obstruían el tráfico.
Cabe resaltar que estos retenes iniciaron como una forma de llamar la atención sobre la falta de agua potable en el sector, pero con el tiempo derivaron en una exigencia de dinero, volviéndose una práctica recurrente y problemática en la región.
Cabal cuestionó una nueva ausencia del presidente Petro
En un esfuerzo por mantener a Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos de 2027, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó una reunión urgente con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. No obstante, el día de la reunión se anunció que el presidente Petro no presidiría el encuentro, lo cual despertó una serie de reacciones, incluyendo la de la figura de oposición María Fernanda Cabal, quien cuestionó la ausencia del mandatario insinuando que podría deberse a una “agenda privada”.
Cabal compartió en sus redes sociales su preocupación por la delegación de responsabilidades del presidente a Laura Sarabia del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), que, según la congresista, no tendría relación directa con la organización de los Juegos Panamericanos. Además de resaltar una preocupación por el aparente desinterés del ejecutivo en la preparación de un evento que será relevante para el país y que, además, se desarrollará durante la próxima administración gubernamental.
Asimismo, la figura del uribismo reprochó al Gobierno por la designación de Laura Sarabia para presidir la reunión en lugar del presidente, enfatizando las dudas sobre la vinculación del DPS en la gestión de los juegos y sugiriendo una tendencia del presidente a tener compromisos no públicos durante eventos importantes.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó previamente su asistencia a la reunión, demostrando su disposición a trabajar en conjunto con las autoridades nacionales y representantes del comité olímpico con el objetivo de garantizar la realización de los Juegos Panamericanos en la ciudad.
Esta situación se desarrolla en un contexto donde Panam Sports recientemente anunció la cancelación de la designación de Barranquilla como sede de los juegos, citando incumplimientos contractuales relacionados con pagos pendientes que Colombia debía realizar en diciembre de 2023 y enero de 2024, ascendiendo a un total de 8 millones de dólares.