Se revelan cartas donde la Alcaldía de Barranquilla solicitó en varias oportunidades la financiación para los Juegos Panamericanos

La revista Semana dio a conocer que la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico enviaron advertencias al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, sobre las graves consecuencias económicas y deportivas que enfrentaría la ciudad y la región si no se realizaba el pago de los juegos.

Además, según el mismo medio de comunicación, Barranquilla recibió un ultimátum por parte de Panam Sports, ante el incumplimiento en las obligaciones de la administración distrital respecto al Contrato Ciudad Sede de los Juegos Panamericanos. En una carta dirigida al presidente de Colombia, Gustavo Petro, funcionarios locales advirtieron sobre las repercusiones negativas en caso de no realizar a tiempo los pagos comprometidos y el potencial daño reputacional que esto conllevaría. Esto se produce después de que el 30 de agosto del 2023, la ciudad fuera notificada formalmente por Panam Sports sobre la posibilidad de un cambio en la sede de los próximos juegos, ante la falta de avance en ciertas cláusulas contractuales.

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Los pasos dados por la administración distrital para la realización de algunos compromisos del citado contrato fueron reconocidos; sin embargo, parte de las obligaciones siguieron estando pendientes, sin que se hayan proporcionado respuestas satisfactorias a Panam Sports. Dicha situación fue comunicada al Gobierno nacional en repetidas ocasiones tanto en cartas como en reuniones de trabajo con la ministra del Deporte. A pesar de los avances en la revisión de presupuestos y el desarrollo de alternativas para la ejecución de los juegos, aún se requerían acciones definitivas por parte del Estado.

“Todo lo anterior, se lo hemos manifestado al Gobierno nacional en distintas misivas, así como mesas de trabajo realizadas con la ministra del Deporte y su equipo de trabajo, con quienes gracias a su voluntad hemos logrado avances en materia de revisión de presupuestos y de alternativas para el desarrollo de las justas, sin embargo, hace falta convertir esa voluntad en acciones concretas de Estado que ratifiquen la voluntad del Gobierno nacional de realizar los Juegos y que brinden la confianza suficiente a Panam Sports para evitar materializar las probabilidades de revocatoria de la designación de la ciudad como sede, lo que sería un grave perjuicio para el futuro deportivo de la nación”, dice uno de los documentos.

En una de las cartas expresan la necesidad de que se traduzca la disposición demostrada por las autoridades nacionales en “acciones concretas de Estado” para afirmar su determinación de llevar a cabo los Juegos Panamericanos. Reiteran que el incumplimiento no solo implica un retroceso administrativo, sino también un grave perjuicio para el futuro deportivo de Colombia. En la misiva, las autoridades locales dejaron claro que las probables consecuencias de no cumplir con los compromisos podrían ser drásticas, lo que implicaba la revocatoria de la designación de Barranquilla como ciudad anfitriona.

Panam Sports concedió un plazo de 60 días para corregir significativos incumplimientos relacionados con el contrato de la ciudad sede. El conflicto surgió a raíz de una suma no entregada de 8 millones de dólares, correspondiente a la obligación financiera que Barranquilla debía cumplir antes del cierre anual para asegurar la realización de los juegos. A pesar de que la ministra Rodríguez, integrante del comité organizador de los Juegos Panamericanos, admitió tener dichos fondos a su disposición desde el 7 de noviembre de 2023, estos recursos no fueron transferidos. Tanto el exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, como la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, advirtieron al presidente Petro sobre las graves sanciones que acarrearía el incumplimiento del contrato, resaltando el perjuicio directo a los deportistas.

Por otro lado, se conoció que el Comité Olímpico Colombiano estableció la estructura de financiación para los Juegos Panamericanos 2027. Según lo convenido, el 60% del presupuesto provendría de recursos nacionales, mientras que el 40% restante sería aportado por entidades locales, variando en función del número de ciudades caribeñas que ellos pretendían que albergaran el evento, pues según la ministra del Deporte el objetivo del Gobierno nacional era que los Juegos tuvieran lugar en toda la región. No obstante, esa propuesta no fue respaldada por Panam Sports.

En ese momento, la funcionaria también adelantó que se debía realizar un Confis y un Conpes, para asegurar los fondos necesarios en el tiempo previo a los Juegos, y de acuerdo con las actas de la reunión, se contempló un presupuesto que alcanzaría los 500 millones de dólares — cerca de 2.5 billones de pesos colombianos — para cubrir adecuadamente los costos que escalen anualmente hasta el año del evento. Ese enfoque financiero buscaba garantizar una preparación sin contratiempos de cara al evento deportivo.

A pesar de lo anterior, la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, hizo declaraciones contradictorias sobre supuestos comentarios del presidente Gustavo Petro, en relación con el financiamiento de eventos deportivos en Colombia. Inicialmente mencionó que Petro había considerado el monto destinado a los juegos como “mucha plata”, pero más tarde negó que dicho comentario hubiera ocurrido.

Las declaraciones de Urrutia se producen en un contexto donde el senador Efraín Cepeda resaltó la importancia económica de los Juegos Panamericanos, mencionando los beneficios que reportaron a Chile, con impactos positivos en su PIB y significativas recaudaciones monetarias.

Como se contemplaba la posibilidad de que Barranquilla perdiera la sede de los juegos, el entonces alcalde Pumarejo envió una carta al contralor delegado Andrey Giovanny Rodríguez en octubre de 2023. Allí alertó sobre las consecuencias económicas de no cumplir con los compromisos adquiridos. Sin embargo, existe aún la esperanza de mantener a Barranquilla como sede, dependiendo de la evaluación de los 41 países miembros de la organización competente y los esfuerzos nacionales por cumplir con lo requerido.